La pretendida constitución de un banco regional de derechos pesqueros -un instrumento llamado a funcionar en términos parecidos al banco lechero nacional- motiva estos días un agrio enfrentamiento entre los armadores (los propietarios de los derechos de pesca) y la Administración. Los primeros rechazan la cesión gratuita de sus cupos pesqueros al Principado en caso de desguace de los barcos; la dirección general de Pesca asegura que su intención es tan noble como "garantizar que los derechos pesqueros permanezcan en la región bajo cualquier circunstancia". La polémica salta ahora, para extrañeza de las autoridades pesqueras asturianas, pero en realidad el texto regulador que ha hecho saltar la chispa lleva seis meses publicado en el BOPA. El primer contacto entre las partes, el pasado lunes, no sirvió para acercar posturas; los armadores, descontentos con la "poca receptividad" del director general de Pesca, Alberto Vizcaíno, anunciaron su deseo de entrevistarse con la consejera de Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, para explicarle las razones de su malestar y pedir la supresión del artículo que obliga a los armadores a entregar sus cupos al Principado en caso de cese en la actividad pesquera.
"Lo que plantea Pesca es una confiscación en toda regla; los armadores hemos invertido dinero en la compra de cupos pesqueros y lo mínimo que esperamos es que esa inversión tenga un retorno en caso de poner fin a la actividad. Con la obligación de entregar los cupos al Principado, perderemos dinero y además seremos víctimas de un agravio pues hasta la fecha lo normal ha sido que los armadores pudieran vender o traspasar libremente los derechos de pesca de sus barcos al jubilarse", explicó uno de los empresarios que dice ser damnificado por la idea de abrir un banco de derechos pesqueros.
Alberto Vizcaíno recalca que la intención de la normativa no es otra que "garantizar la permanencia en Asturias de los cupos pesqueros cuando éstos dejan de ser útiles a los armadores que ahora mismo los ostentan y repartirlos posteriormente entre los barcos que sigan en activo". El director general de Pesca hace ver, además, que la cesión de las cuotas pesquera "sólo será obligatoria en el caso de que los armadores soliciten ayuda pública para el desguace del barco; es decir, podrán vender los derechos en caso de darse de baja de la actividad sin mediar subvención pública o conservarlos mientras sigan pescando".
