El concejal de Hacienda, Salvador Fernández, justifica la demora en la aprobación del presupuesto del año en curso en la tardanza del Principado en responder sobre sus peticiones sobre las "competencias impropias". Es decir, sobre la aplicación de la ley de régimen local aprobada hace unos meses. "El Principado no se moja y por eso consultaremos al Gobierno central sobre estas medidas, qué competencias nos corresponden y cuáles no y cómo hacer frente a ellas", indicó el concejal de Hacienda gozoniego. "Ya estamos en mayo y aquí no sabemos nada sobre, por ejemplo, qué administración va a costear el socorrismo o qué cantidad debemos aportar a la Mancomunidad del cabo Peñas de acuerdo a esa ley", añadió.

Fernández destacó que el gobierno de Gozón quiere "seguir siendo riguroso" con las cuentas locales y continuar con la senda de "liquidaciones positivas" de los últimos años. Por ello, no presentará el presupuesto hasta que el Principado no responda a sus peticiones o el Ministerio marque las pautas a seguir si una u otra administración incumplen la normativa. "Queremos saber si estamos equivocados en la aplicación de la ley o por el contrario, estamos en lo cierto, si podemos aprobar un nuevo presupuesto incorporando esas novedades o seguimos con la prórroga presupuestaria", indicó el concejal de Hacienda.

De todos modos, Fernández convocará una comisión de Hacienda para la próxima semana en la que presentará el capítulo de gastos, no así el de inversiones, que queda a la espera de una respuesta autonómica o del Gobierno central sobre las competencias municipales de acuerdo con la nueva normativa.

Hace varias semanas, el alcalde, Ramón Artime, manifestó que el Principado debería de hacerse cargo del servicio de salvamento playero cuanto antes o, al menos, responder a las preguntas que realiza el Ayuntamiento de Gozón sobre quién asumirá esa competencia. Artime recordó entonces que, en años anteriores, la tramitación para contratar a los 37 socorristas que trabajan durante los veranos en Gozón comenzaba en abril. "La respuesta ha de ser inmediata, por eso recurrimos al Ministerio", defendió Salvador Fernández. El PP de Gozón entiende además que la nueva ley que regula las administraciones locales deja claro que tanto los servicios sociales como la educación han de depender directamente de la administración regional. Si las previsiones de los populares se cumplen, el Alcalde calcula que el Ayuntamiento se ahorraría unos 700.000 euros al año.