Candás, B. FERNÁNDEZ

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carreño, Áurea Gutiérrez, declarará ante el magistrado del Juzgado de instrucción número 3 de Gijón el próximo día 14. Esta es la fecha señalada para que comience en los tribunales la disputa legal iniciada por la Policía Local de Carreño y la Fiscalía de Asturias con su denuncia ante el juez para determinar si Gutiérrez acertó o erró al retrasar la tramitación de las multas de tráfico impuestas en el municipio entre los meses de junio y octubre del año pasado. La fiscal entiende que su actuación podría ser constitutiva de un delito de prevaricación.

A pesar de todo, podría llegar incluso a no producirse la comparecencia de Gutiérrez ante el magistrado, toda vez que la teniente de alcalde ha presentado, junto con sus compañeros de partido, un recurso contra la denuncia efectuada por la Fiscalía de Asturias. Este recurso pide que se archive el caso «porque entendemos que los hechos denunciados no son constitutivos de ningún delito», explicó ayer la concejala.

Además, Gutiérrez y el alcalde socialista del municipio, Ángel Riego, mantendrán una reunión con la asociación de vecinos de Candás, con el objetivo de explicar el motivo de la denuncia de la Fiscalía, después de que, según indicó el edil, hayan recibido «llamadas por parte de los colectivos vecinales preguntando por la cuestión». El encuentro tendrá lugar el lunes día 7, a partir de las 19:00 horas, en el Ayuntamiento.

Por otra parte, los tres sindicatos policiales con representación en Carreño, UGT, SIPLA y CCOO, anunciaron ayer que se personarán en la causa, como acusación particular, aparte de la denuncia de la Fiscalía. Comparecerán en representación de los policías locales del municipio, aunque no confirmaron si lo harán de forma individual o colectiva.

Los sindicatos mostraron su «perplejidad» por las declaraciones efectuadas a lo largo de la última semana por la concejala denunciada, «quien, lejos de dimitir, como debería hacer por dignidad y por responsabilidad política, se aferra de forma desesperada al cargo remunerado que tiene y se permite decir que sólo revisó las multas para asesorar a los vecinos». Los sindicatos destacaron que «la concejala, por el hecho de serlo, no tiene ninguna atribución para apropiarse de los expedientes de tráfico y, mucho menos, para curiosearlos cuando en ellos figuran datos personales protegidos por Ley. Esto es totalmente irregular y provoca una dilación del procedimiento totalmente ilegal».

Las «irregularidades» que denuncian las sustentan, además, arrojando dudas sobre la tramitación de expedientes sancionadores concretos, como el de «un conocido hostelero de la villa que ha visto cómo tres denuncias de tráfico dormían el sueño de los justos». Señalan también cómo varios concejales del gobierno municipal y sus familiares vieron retrasada la tramitación de sus multas.