La tensión entre el gobierno socialista de Siero y el grupo municipal de Somos vivió ayer un nuevo capítulo con acusaciones por parte de los segundos y una respuesta inmediata del regidor, Ángel García, que ve en la marca de Podemos en Siero una obsesión por desprestigiar su imagen que les invita a aclarar en los tribunales.
Los concejales de Somos, Javier Pintado, Ana María Ballester y David Fernández Suco, reclamaron públicamente, a primera hora de la mañana, al primer edil que aclarara un posible fraccionamiento de contrato llevado a cabo por el Consistorio en el año 2007 para favorecer a una empresa vinculada al caso Marea, Almacenes Pumarín, en cuyos trámites participó firmando la cancelación de avales de garantía y la providencia de archivo ya en 2008.
La formación señala que los contratos, de 9.500 y 10.500 euros y correspondientes a dos equipamientos "complementarios" del salón de plenos municipal", fueron adjudicados a la misma empresa dependiente de Almacenes Pumarín, Digitec 2000 SL, dividiendo el importe para no superar los 12.020,24 euros que la ley vigente contemplaba como límite de los contratos menores en materia de suministro.
Del mismo modo, advierten de que se vulneró el principio de concurrencia, pues aseguran que las únicas empresas invitadas por el Ayuntamiento al concurso negociado sin publicidad fueron Almacenes Pumarín, Digitect 2000 y Soluciones y Equipamientos de Oficina, las tres vinculadas a Almacenes Pumarín, según un informe de la comisión de investigación del caso Marea en la Junta del Principado.
Preguntado por la posibilidad de llevar estas sospechas a los tribunales, el portavoz de Somos, Javier Pintado, dice no barajar esa posibilidad por el momento. "Nuestra obligación es pedir explicaciones políticas antes que ir a los tribunales", señala Pintado, quien exigió tanto al Alcalde como al PSOE de Siero que explicaran estos contratos.
El guante que fue recogido de inmediato por un Alcalde que no dudó en retar a Somos a llevar sus presuntas irregularidades ante el juez. "Si tan claro lo tienen, ¿por qué no van a los tribunales?", se preguntó García, que ve en las denuncias de Somos un ataque personal "que no estoy dispuesto a tolerar".
García considera que las dudas planteadas sobre los contratos son un ataque directo hacia los técnicos municipales. "Lo que ponen en duda es la labor de los funcionarios, pues todo está respaldado con informes técnicos favorables y los expedientes dejan claro que no hay ninguna irregularidad", declara, al mismo tiempo que aclara su vinculación con dichos contratos. "Cuando se adjudicaron ni siquiera era concejal todavía", apunta, al tiempo que señala que "es totalmente falso que se adjudicaran el mismo día, pues uno se adjudicó el 15 de junio de 2007 y otro, el 28", asegura. Unas fechas en las que todavía no había tomado posesión como edil de Hacienda.
El Alcalde indicó que su participación en los contratos se limitó a firmar dos documentos por recomendación de los técnicos. "Lo irregular sería que no firmara unos documentos que debo rubricar para cerrar una tramitación", defendió, acompañado por la jefa del servicio de contratación municipal, que corroboró la versión del regidor de que dichos contratos siguieron todos los trámites legales y correspondían a dos expedientes diferentes de contratos menores de suministro.
