La Fiscalía del Principado de Asturias acusa a los dueños del edificio de la antigua fábrica de El Águila Negra, en Colloto (Siero), de un delito contra el patrimonio histórico por no haber evitado el progresivo deterioro del inmueble y solicita para los tres empresarios una condena de un año y ocho meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que los acusados, conjunta y solidariamente -y, subsidiariamente, la mercantil Gestión Nora- asuman el coste de las obras necesarias para lograr el adecuado mantenimiento del edificio, en los términos que determine el Servicio de Patrimonio Cultural de la Administración Asturiana.
La vista oral está señalada para el 13 de febrero en el Jugado de lo Penal número 1 de Oviedo, a las 9,30 horas. La Fiscalía se basa en que desde 2004 son administradores solidarios y socios de la sociedad mercantil Gestión Nora SA, propietaria, entre otras, de la parcela en la que se ubica el edificio histórico de El Águila Negra en Colloto. Sostiene que "incumple" sus obligaciones contracturales y legales por su "reiterada resistencia a acordar algún tipo de inversión" dirigida a su mantenimiento o a adoptar medidas mínimas para proteger el inmueble de las inclemencias meteorológicas, así como asegurar sus elementos estructurales y decorativos. Esa situación ha derivado en "un progresivo y continuo deterioro de la edificación".
Es más, la Fiscalía considera que la propia sociedad mercantil favoreció, en ocasiones, tal empeoramiento del estado del edificio porque sus administradores "se negaron abiertamente a efectuar cualquier tipo de conservación que no supusiese la ejecución de un proyecto constructivo del que derivase un lucro comercial". No duda de que "perseguían con ello que el edificio alcanzase la declaración de ruina económica, lo cual lograron por la vía administrativa".
El Ministerio Público insiste en que desde el momento de su adquisición, los propietarios incumplieron deliberadamente su deber legal de conservación del edificio, desoyendo los reiterados requerimientos por parte del Ayuntamiento de Siero, que en 2010 declaró la ruina económica, para que llevasen a cabo las obras de conservación.
