05 de abril de 2018
05.04.2018

La Audiencia Provincial no ve claro el archivo del caso de los "Ángeles del Infierno"

La alcaldesa de Noreña, que fue acusada de presunta prevaricación, destaca que es "una cuestión puramente administrativa"

05.04.2018 | 02:48

La Audiencia Provincial de Asturias ordena al Juzgado de Instrucción número 4 de Siero que justifique los motivos por los que archivó el caso de los "Ángeles del Infierno". En éste se investigó la posible prevaricación administrativa de la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, y del concejal de Seguridad Ciudadana, Pelayo Suárez, por no actuar con diligencia ante las denuncias vecinales por las molestias que generaba el colectivo, con sede en La Felguera.

Ambos responsables municipales declararon ante el juez, que tras realizar estas diligencias previas, dictó un auto el 16 de octubre de 2017 en el que acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.

Pero el denunciante no estaba conforme con la decisión judicial, al considerar que el mencionado archivo del caso no estaba suficientemente justificado ni argumentado. Así que interpuso un recurso de apelación, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra el auto. Los jueces de la sección número 3 de la Audiencia Provincial constatan esa ausencia de argumentos "por carecer de los razonamientos que permitan conocer los motivos o la falta de indicios determinantes de la decisión adoptada". En este auto de la Audiencia se agrega que "procede a su devolución al Juzgado de Instrucción de origen, para que proceda a su subsanación".

Por su parte, Amparo Antuña valora que la decisión de la Audiencia es "una cuestión puramente administrativa".

El Ayuntamiento de Noreña precintó el 16 de febrero el local de los "Ángeles del Infierno" y les dio 2 meses para dejar la sede como estaba antes de llegar. El gobierno local (IPÑ) les había denegado la licencia de actividad y en un decreto de junio del año pasado ya había ordenado el cese de su actividad en La Felguera, si bien la asociación recurrió tales decisiones. Después de la tramitación, el pasado febrero se ejecutó el desalojo.

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