ramiro / diario de león
Madrid, Modem Press
El Ministerio de Industria no puso ayer sobre la mesa de la comisión de seguimiento del Plan del Carbón ninguna solución para paliar la dramática situación que atraviesa el sector. El Gobierno se limitó, por boca del nuevo secretario de Estado de Energía, Frabricio Hernández, a exponer a empresarios y sindicatos que «no aplicará» el real decreto que prima la producción eléctrica con carbón nacional, hasta que el Tribunal General de la Unión Europea de Luxemburgo dictamine si levanta las medidas cautelares adoptadas en su día contra la norma por la propia corte luxemburguesa, a raíz de los recursos presentados por Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y la Xunta de Galicia.
El Ejecutivo confía en que el tribunal dicte sentencia de inmediato, incluso esta misma semana, y por ello pidió a sus interlocutores «diez días más de plazo», hasta el próximo 3 de febrero, para ver si se van solucionando las cosas. Así, todas las partes quedaron emplazadas para continuar la reunión el jueves de la semana que viene. Sindicatos y empresarios accedieron a dar ese último voto de confianza al gabinete presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pero no ahorraron duros calificativos contra él. Tras calificar de «completo fiasco» el encuentro, acusaron al Gobierno de «falta de voluntad política» para aplicar el real decreto que el sector espera, desde hace ya quince meses, como solución de urgencia a sus gravísimos problemas.
Tanto la patronal Carbunión, como los dirigentes de FIA-UGT y de CC OO, exigieron al Gobierno, en el único punto del orden del día que se abordó durante la reunión, la aplicación inmediata del real decreto, toda vez que ya cuenta con el aval del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Comisión Nacional de la Energía. Los rectores energéticos del departamento que dirige Miguel Sebastián, se enrocaron en su postura de esperar el dictamen del tribunal luxemburgués.
Una postura que, por cierto, dio un giro de 180 grados la pasada semana cuando Industria, que tenía preparado el desarrollo del real decreto para su publicación inmediata en el BOE, decidió no hacerlo, coincidiendo, curiosamente, con el nuevo recurso presentado por Gas Natural Fenosa alegando indefensión. Así las cosas, la primera reunión sobre el sector presidida por el sustituto de Pedro Marín al frente de la Secretaría de Estado de Energía, Fabricio Hernández -quien apenas estuvo frente a sindicatos y empresarios la primera hora y media de las cerca de seis que duró la Comisión-, se saldó sin resultado positivo alguno para un sector que ve como 5.000 de sus 8.000 trabajadores están afectados por expedientes de regulación de empleo y varias de sus empresas se encuentran la borde mismo de la quiebra.
El secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, fue muy claro en su exposición y particularmente duro con un Gobierno que «no tiene ni ha tenido voluntad política de aplicar el real decreto». Villa aseguró que «aquí ya no caben más divagaciones por parte del Gobierno ni decir que se están comprometiendo, defendiendo los intereses de este sector. Ahora queda claramente de manifiesto la nula voluntad política del Gobierno que está haciendo una total y absoluta dejación de su soberanía». Puso además de manifiesto «una contradicción», porque «cuando se levantó la suspensión cuatelarísima, el mismo Gobierno dijo que inmediatamente llevaría a cabo el procedimiento de aprobación del real decreto. ¿Por qué dice ahora lo contrario?».
El Secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Juan Carlos Álvarez Liébana, tachó la reunión de «decepcionante» porque en ella «se ha vuelto a poner de manifiesto la falta de voluntad clara de este Gobierno de defender el sector, desoyendo los acuerdos que se alcanzan en esta mesa». Para Álvarez Liébana, la postura de Industria no hace más que reflejar «la debilidad del ejecutivo, que es totalmente incapaz de poner en marcha un real decreto que está aprobado por el Consejo de Ministros, publicado en el BOE, avalado por la Comisión nacional de la Energía y, judicialmente, por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Es evidente su absoluta debilidad ante Europa y las compañías eléctricas». Liébana no dudó en asegurar que «no sabemos cuánto tiempo más van a aguantar los trabajadores en esta situación y esperamos que el día tres el Gobierno traiga alguna solución, porque si no las organizaciones sindicales tendremos que tomar nuestras determinaciones».
La patronal coincidió con los sindicatos en acusar al Gobierno de «falta de voluntad» para aplicar el real decreto. El gerente de Uminsa y Coto Minero Cantábrico (Grupo Alonso), Gerardo Biaín, apuntó que «es totalmente aplicable con el aval de los tribunales españoles». Así, Biaín dijo que «tras lo visto hoy en la reunión, los ERE están más justificados que nunca y seguiremos negociándolos con los trabajadores porque no queda otra. Aguantaremos hasta donde podamos».
«Aguantaremos hasta donde podamos, pero los expedientes están más que justificados»
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Uminsa y Grupo Alonso
«El Gobierno ha hecho dejación de su soberanía, no caben más divagaciones»
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SOMA-FIA-UGT
«Es evidente la debilidad del Ejecutivo ante Europa y las compañías eléctricas»
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Fed. de Industria de CC OO
Más de un centenar de mineros se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno en León -como muestra la imagen- para reclamar al Ejecutivo central la aplicación del real decreto del carbón, ya que «no hay justificación» para que no se haga efectivo. Así lo expresó el presidente del Comité de Empresa de la Hullera Vasco-Leonesa, Marco Antonio Martínez, que añadió que los trabajadores del sector ya «saben de sobra» la postura de las eléctricas, de la Xunta de Galicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. «Ya no procede andar con rodeos respecto a si hay que aplicarlo o hay que esperar», apostilló antes de amenazar con más movilizaciones.
