Mieres / Langreo,
Julio VIVAS
El futuro aparcamiento de Oñón en Mieres, el centro ecuestre de San Martín del Rey Aurelio, el polígono de Villallana en Lena o la reforma integral de las piscinas de Pénjamo en Langreo. Todos estos proyectos acabarán en los tribunales de prosperar la iniciativa aprobada hace unas semanas por la Asociación de las Comarcas Mineras (Acom-España). La entidad estudia llevar al Gobierno a juicio por el incumplimiento de los compromisos acordados dentro de la línea municipal de fondos mineros. Aún así, pretenden dar un pequeño margen de actuación al Ejecutivo central para que negocie el plan del sector y desbloquee esta financiación tan necesaria para las comarcas mineras.
El presidente de Acom y alcalde de Páramo del Sil (León), el popular Ángel Calvo, aseguró que la propuesta, enmarcada en el seno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), «se acordó por unanimidad». Calvo, que se mostró especialmente crítico con esta situación, afirmó que «decidimos darles un pequeño margen para que se siga negociando el plan. De no ser así, tomaríamos acciones legales». Su idea, según aclaró, es «buscar asesoramiento jurídico y tirar adelante con la denuncia, porque no nos dejan otra opción».
Han sido muchos los alcaldes mineros que se han dirigido en los últimos meses a Acom para manifestar su preocupación ante la pérdida de esos fondos. Aquí se enmarcan muchas iniciativas en proyecto, pero también otras ya iniciadas que son las más preocupantes. La intención es que la demanda judicial sea única, a diferencia de lo que había propuesto el ya ex presidente del Principado Francisco Álvarez-Cascos. Éste, cuando todavía estaba al frente del Ejecutivo regional, envió una misiva a los ayuntamientos afectados por el bloqueo de los fondos mineros para que denunciasen, a nivel individual, al Gobierno. Su propuesta obtuvo el respaldo de algunos, como el alcalde de Lena, Ramón Argüelles. Sin embargo, otros consideraron que, como dice el lema, «la unión hace la fuerza», y que la mejor solución era conjugar todos los ayuntamientos con una sola voz. Además, no sólo integraría a los consistorios asturianos, sino que incluiría al resto de administraciones locales afectadas del país. Los alcaldes, aunque conscientes de la actual situación económica que atraviesa el Estado, se muestran desconfiados ante la paralización total de las partidas. Un bloqueo que da al traste con las previsiones, no sólo de desarrollo de las comarcas mineras, sino también de creación de empleo indirecto por el desarrollo de las iniciativas planificadas.
No es la primera vez que Acom se enfrenta al Gobierno. Situación similar se vivió la semana pasada cuando una delegación encabezada por su presidente se reunió con el director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas. Un encuentro que culminó con una sensación de «decepción» por parte de los regidores, quienes habían traslado al director su intención de renunciar «momentáneamente» a los proyectos que no se pudiesen llevar a cabo antes del 31 de diciembre de este año y desviar esta financiación para las ayudas a la producción. La propuesta tuvo la negativa del Ministerio, quien alegó cuestiones «técnicas y legales». Tampoco obtuvieron el respaldo suficiente a su petición para el desbloqueo de los fondos para la producción, que no se llevaría a cabo hasta que no terminase la huelga minera. La respuesta fue considerada como «un chantaje» por el propio presidente de Acom.
