Representantes de los sindicatos SOMA-FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO acudieron ayer a la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) para presentar la anunciada demanda por conflicto colectivo por el recorte de las pagas de 8.000 prejubilados «incumpliendo los acuerdos alcanzados». La demanda se presenta finalmente contra Hunosa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Vida Caixa. El SASEC convocará a las partes a un acto de conciliación que tendrá lugar el próximo martes a las once y media de la mañana. Si no hay acuerdo se presentará la demanda en los juzgados.

Los sindicalistas no se mostraban ayer muy confiados en alcanzar una solución a corto plazo. El secretario de Acción Sindical del SOMA-FITAG-UGT, José Daniel González González, aseguró que «el tiempo corre en contra de los afectados, que van a seguir sufriendo una merma económica mes a mes». Pesimismo también el del responsable de Minería de la Federación de Industria de CC OO, Jaime Martínez Caliero, quien destacó que «tocaba presentar el conflicto en el SASEC y así lo hemos hecho, no somos muy optimistas, pero si no alcanzamos acuerdo, iremos al juzgado».

La demanda presentada ayer en el SASEC es la misma que se entregará en los tribunales. Un documento en el que se hace hincapié en que la decisión de Hunosa y la SEPI sobre el recorte de las nóminas de los prejubilados «se ampara en un informe de la abogacía del Estado que hace una interpretación errónea del artículo 22.3 de la Ley de Presupuestos de 2013», resaltó ayer el representante del SOMA, añadiendo que el artículo «habla de planes y fondos de jubilación, metiendo en el mismo saco a las prejubilaciones».

Los sindicatos firmaron con la hullera unos planes sociales para las prejubilaciones y, cada minero, su propia póliza. Esto supone, tal y como aclaró González González, «un pago diferido de una indemnización por despido a lo largo de trece años hasta que los ex trabajadores se jubilan, no hay que olvidar que las prejubilaciones de Hunosa son despidos objetivos que se crearon en su día con la intención de disminuir el número de trabajadores en el sector de la minería».

Los representantes de las centrales sindicales también tuvieron palabras para el PP asturiano después de que su presidenta, Mercedes Fernández asegurase que «no tenía ningún problema» en reunirse con ellos. Declaraciones que realizaba mientras los prejubilados trataban sin éxito de acceder a la sede de los populares debido a un cordón policial que les cerraba el paso. El representante del SOMA afirmó que Fernández «debe pasar de las palabras a los hechos con ejemplos como apoyar mociones de defensa de los prejubilados en la Junta General del Principado, en lugar de abstenerse». Martínez Caliero, por su parte, señaló que «algunos políticos de este país estarían mejor fuera del mapa, especialmente los del PP, que no están haciendo nada más que incumplir los acuerdos con los anteriores gobiernos».