Oviedo, Javier CUARTAS

Arcelor-Mittal, líder mundial de acero, planteó ayer a los sindicatos de sus plantas españolas un recorte salarial de hasta el 10% mediante la modificación de la prima de producción, la congelación del resto de la masa salarial durante tres años (2013-2015), la congelación del plus de antigüedad y el aumento de la jornada laboral en el 6% (unos 12 días más de trabajo al año de media). Este paquete de medidas, tachadas de «indignantes» por los sindicatos, afectarían a los casi 11.000 trabajadores de Arcelor en España -6.000 de ellos en Asturias- y es condición preceptiva para que la compañía reactive a primeros de octubre el horno alto «B», de Veriña (Gijón), actualmente paralizado por obras de renovación y mantenimiento.

La empresa entiende que la evolución del mercado y el hundimiento de la demanda a causa de la crisis exige una reducción de costes para garantizar la viabilidad de las plantas españolas. Y exige una respuesta sindical definitiva antes de que finalice el próximo día 20. En caso contrario, anunció que se acogerá a la reforma laboral del Gobierno de Rajoy -que le permite descolgarse del convenio y del acuerdo marco actuales, vigentes hasta el 31 de diciembre próximo- y aplicará de forma unilateral los recortes con carácter inmediato.

Algún sindicalista interpretó de las palabras de los directivos que la multinacional cuenta con reabrir el horno «B» de Gijón en octubre, ocurra lo que ocurra, dado que la empresa da por hecho que, bien por la vía de la concertación o por el procedimiento de la imposición, aplicará el ajuste que pretende. Los sindicatos tacharon de «chantaje» este proceder y anunciaron que abrirá un proceso de reflexión. La dirección de Arcelor convocó a los representantes de los trabajadores para el próximo lunes en Madrid.

Arcelor-Mittal no confirmó oficialmente ningún extremo de su posición. Un portavoz oficial se limitó a señalar que «ArcelorMittal España se ha reunido con la representación sindical para abrir la mesa de negociación del Acuerdo Marco, firmado en 2009 y vigente hasta diciembre de 2012» y que «la empresa ha informado a los representantes de los trabajadores sobre la situación del mercado internacional del acero, y más concretamente sobre la atonía de la demanda en el sur de Europa». «En el caso de España», según Arcelor, «esta situación está agravada por el colapso del sector de la construcción, así como por la caída del consumo privado». La empresa sostuvo que «los representantes de los trabajadores fueron informados sobre la situación económica de la empresa en España y las medidas de contención de costes que se van a poner en marcha».

La pretensión del líder mundial siderúrgico es sustituir la actual prima de producción fija por un fórmula variable que incorporaría distintos parámetros de cada instalación o departamento (producción, productividad, resultados operativos y otros).

Esa modificación del incentivo podría llegar a suponer, según las primeras estimaciones, reducciones salariales de hasta el 10%. Una modificación análoga ya la aplicó Arcelor-Mittal en la acería compacta de Vizcaya (ACB) cuando reanudó sus operaciones tras haber permanecido inactiva entre noviembre y junio pasados.

Para el resto de los componentes salariales, la empresa plantea su congelación durante tres años, así como la del plus de antigüedad. Además, pretende aumentar la jornada laboral el 6%, lo que supone una media de 12 días más de trabajo al año. La jornada actual es de 1.640 horas anuales para los trabajadores sometidos al régimen de turnos y de 1.656 horas para el resto. Algún sindicato alertó que esta ampliación de la jornada y reducción de descansos afectará, de llevarse a cabo, al empleo de las subcontratas, los interinos y las contrataciones para suplencias en verano.

Los sindicatos se expresaron «indignados» por el planteamiento empresarial (en su fondo y en su forma) pero al tiempo «preocupados» por el futuro del empleo y de las instalaciones siderúrgicas y evidenciaron que tendrán que evaluar, de forma fría y sosegada, el alcance del brete al que se enfrentan. «Nos jugamos en este momento el futuro de la siderurgia en Asturias y España», sostuvo un representante sindical. Los sindicatos asturianos en Arcelor (UGT, CC OO y USO) acusaron a la reforma laboral del Gobierno de PP de haber dado instrumentos de presión a las compañías para imponer condiciones de trabajo bajo «chantaje». Varios consultados dijeron, no obstante, que, si se optase por negociar -lo que ninguno confirmó, a la espera de los debates internos en los órganos sindicales- podría haber algún margen para aliviar algunas de las pretensiones patronales.

USO mantendrá hoy una reunión de delegados y comités de Asturias y País Vasco, UGT analizará la situación en la ejecutiva de su sección sindical e iniciará consultas con delegados, comités y el «mayor número posible» de afiliados y CCOO reunirá mañana al consejo de sus secciones sindicales.