Fomento aplicará un nuevo canon que subirá el precio del autocar en largos recorridos

El precio del transporte de viajeros por carretera afronta un escenario de nuevos encarecimientos. El coste del combustible ha subido el 67% en tres años (el 11% en lo que va de 2012) y el pasado 1 de septiembre el IVA aumentó en dos puntos. Y ahora el Gobierno ha comunicado a las empresas que establecerá un nuevo canon (de aproximadamente el 1% de la facturación) a las 107 rutas nacionales de autocar dependientes del Ministerio de Fomento.

Este nuevo gravamen será aplicado por el departamento que dirige Ana Pastor a medida que venzan las actuales concesiones, de las que 98 saldrán a concurso a partir de este ejercicio. De ellas, una decena ya lo han hecho y otras 50 lo harán entre este año y el próximo. El resto de las licencias saldrán a concurso en ejercicios sucesivos.

Fuentes patronales aseguraron que el nuevo canon repercutirá en el coste de explotación y que se sumará a los otros factores de carestía que están pesando sobre el negocio del transporte de viajeros. Lo previsible es que las empresas que opten a los concursos de renovación de concesiones incorporen el coste del nuevo canon en el pliego de condiciones, y que, por tanto, lo acaben financiando los usuarios, dijeron fuentes empresariales, salvo aquellos operadores que sean capaces de competir por las nuevas concesiones presentando ofertas económicas a la baja asumiendo un estrechamiento de sus márgenes de rentabilidad.

Pero en el sector son pesimistas. Según la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Fenebus), al encarecimiento de los costes citados se suma una caída preocupante del flujo de viajeros a causa de la crisis y fundamentalmente del paro creciente. Esta caída de la movilidad supuso este verano una reducción del número de viajeros en las líneas de largo recorrido de entre el 7 y el 10%. «Este es el factor que más preocupa al sector», confirmó el asturiano José Luis Pertierra, director general de Fenebus. Según esta patronal, la disminución de los tráficos es también relevante en rutas regionales y servicios urbanos.

Según las empresas, esta tendencia ha generado un «déficit de tarifa» (diferencia entre los costes reales de explotación y los precios autorizados) del 12% sobre facturación, que ha convertido en deficitarias, aseguran, al 74% de las rutas nacionales, lo que los operadores compensan con los beneficios de otras concesiones y áreas de negocio. «Llevamos tres años reclamando una revisión de las tarifas o una tarifa extraordinaria para compensar el encarecimiento del combustible», sostuvo Pertierra.

Las nuevas condiciones de los concursos para la renovación de la totalidad de las rutas nacionales aumentará la presión sobre las empresas. Las nuevas adjudicaciones tendrán una vigencia máxima, por imperativo del reglamento europeo de 2007, de diez años y sólo serán prorrogables por un máximo de otros cinco ejercicios si el operador adjudicatario justifica inversiones realizadas en el periodo. Hasta 1987 la duración era de 99 años y desde entonces se redujeron a 20 con la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), con el PSOE en el ejecutivo, y luego, durante el Gobierno de Aznar, a 15 años. El nuevo plazo de vigencia supondrá, según las compañías, un nuevo factor de presión para la economía de las compañías, que dispondrán de un plazo menor para amortizar sus inversiones en la renovación de flota.