Oviedo, L. GANCCEDO

El recibo de la luz volverá a subir con los cambios fiscales que el Gobierno ha impulsado para el sector energético, según el consenso de los expertos, y lo hará probablemente ya desde el primer trimestre de 2013, según indica el comportamiento de los mercados internacionales de materias primas. Desde que España anunció nuevos impuestos y cánones sobre la generación eléctrica para contener el llamado «déficit tarifario» (deuda reconocida con las compañías eléctricas por valor de 24.000 millones), la cotización de los contatos de «futuros» de la electricidad se ha disparado. Los inversores dan así por seguro que al final los citados tributos serán repercutidos en el precio y cargados sobre los consumidores.

La plataforma Economistas frente a la Crisis (de orientación progresista) y otros intelectuales vinculados a la fundación Fedea (de sello liberal) han dado por separado la alarma sobre el impacto de las políticas energéticas acordadas en el Consejo de Ministros tras meses de tensiones entre los titulares de Industria (José Manuel Soria) y Hacienda (Cristóbal Montoro). El Gobierno ha aparcado hasta 2013 la opción de abordar una reforma en sentido estricto del modelo eléctrico español y ha lanzado un proyecto de ley de medidas fiscales con las que prevé obtener 2.700 millones de euros. Ese dinero se utilizará para frenar el aumento del déficit de la tarifa, que amenaza la viabilidad financiera del sistema. La relación de nuevos tributos se sintetiza en los siguientes puntos:

l Impuesto general sobre las ventas de energía. Afecta a todas las tecnologías por igual y supone el 6 por ciento de la facturación.

l Impuestos a las centrales nucleares por la generación y almacenamiento de residuos.

l Canon a las presas hidroeléctricas por el uso de las aguas continentales.

l «Céntimos verdes» sobre el gas natural y el carbón, y sobre los gasóleos y fuelóleos utilizados en la generación eléctrica.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría -quien medió entre Soria y Montoro para desatascar la reforma- declararon el pasado 14 de septiembre que la reforma se había diseñado con el propósito de no cargar el peso del «déficit tarifario» sobre los consumidores. Las manifestaciones posteriores de los sectores implicados, los informes de expertos y, también, el comportamiento de los mercados financieros están desmintiendo aquellas afirmaciones.

Natalia Fabra, profesora asociada de la Universidad Carlos III, y Gerard Llobet, economista del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (ligado al Banco de España), firman un análisis, divulgado por Fedea, en el que se concluye que el grueso de la factura fiscal la pagarán los consumidores y no las compañías eléctricas.

Será así porque, debido al funcionamiento del mercado español de la luz (marginalista o «pool»), las centrales que suelen marcar los precios en cada franja horaria (térmicas de gas o de carbón) repercutirán los impuestos que les afectan y ese sobrecoste se trasladará a lo que cobrará el resto de las tecnologías. Esta circunstancia reducirá el impacto en las eléctricas de los tributos más difíciles de trasladar al consumidor, casos de las tasas y cánones sobre plantas nucleares e hidroeléctricas.

El balance final, según Fabra y Llobet, será el siguiente: los consumidores pondrán al menos 2.000 millones de los 2.700 que el Gobierno prevé recaudar. «La tarifa eléctrica puede subir del orden de un 5% para los consumidores domésticos, mientras que para los industriales los incrementos pueden situarse en el entorno del 10% o el 15%», señalan los economistas.

Ambos autores, así como la plataforma Economistas frente a la Crisis, han llamado la atención sobre el comportamiento de los mercados internacionales de «futuros», donde se comercia con contratos de electricidad con vistas al próximo año. La diferencia entre el precio de los «futuros» españoles y el de los alemanes empezó a agrandarse el pasado junio (ver gráfico junto a estas líneas), cuando el Gobierno comenzó a divulgar que su nueva reforma energética consistiría en una subida de impuestos. La cotización de los contratos españoles pasó de ser un 2,8% más barata que la de los alemanes a estar un 6,3% por encima. Y a partir del Consejo de Ministros del 14 de diciembre esa desviación se acentuó hasta superar el 13%. Los expertos dan por seguro que los mercados financieros están anticipando las subidas que soportarán los consumidores españoles a partir de enero.