La referencia de la inflación se ha caído de la mayoría de los convenios colectivos que afectan a los trabajadores de Asturias, una región donde durante décadas ha sido generalizada la aplicación de cláusulas de salvaguarda para preservar el poder adquisitivo de los salarios. Quienes están protegidos ahora por esos blindajes son una minoría, según indican los datos que ayer reveló el sindicato UGT: las citadas cláusulas únicamente alcanzan al 29,5% de los asalariados afectados por convenios que se firmaron o renovaron en 2013, cuando la proporción era del 77% hace tres años.
Desvincular los salarios del índice de precios al consumo (IPC), antigua aspiración de las organizaciones empresariales, ha sido uno de los objetivos de la política laboral del actual Gobierno. Forma parte de una estrategia más general que técnicamente se ha denominado como "desindexación de la inflación" y que el Ejecutivo ha llevado ya a las pensiones y al procedimiento para la fijación de algunos precios públicos. El Ministerio de Economía argumenta que la actualización de retribuciones y precios según el IPC tiende a aumentar la inflación (mediante los denominados "efectos de segunda ronda") y a hacerla más persistente, socavando la competitividad del tejido productivo.
La otra cara es que salarios y pensiones quedan expuestos a pérdidas de poder adquisitivo, salvo que las ganancias de productividad de la economía lleguen a los sueldos y compensen la subida de la inflación. Los convenios firmados en 2013 elevaron los salarios una media del 0,53% en Asturias, por debajo del promedio anual del IPC (1,4% en la región).
UGT denunció ayer el "vertiginoso" descenso de la utilización de cláusulas de revisión salarial, mecanismos que tienen varias modalidades, aunque en esencia en todos los casos se aplican para compensar, de manera total o parcial, las desviaciones entre las subidas de sueldos concertadas en los convenios y la evolución del IPC. Por lo común, se utiliza como referencia la tasa de inflación del mes de diciembre, aunque la que se ajusta más al impacto real en el poder adquisitivo es la media de todo el año.
La dirección asturiana de UGT achaca la extinción de muchas cláusulas de revisión a la política del Gobierno central, si bien los propios sindicatos pactaron con la patronal CEOE para la negociación colectiva de los años 2012, 2013 y 2014 una orientación general que abría la puerta a la supresión de la revisión directa y automática de los salarios según la inflación.
El sindicato alertó asimismo sobre los procedimientos de las empresas para dejar de aplicar los convenios colectivos y modificar salarios y jornadas, práctica favorecida por la reforma laboral para las empresas en dificultades y que en 2013 utilizaron 74 compañías.
