El Principado reclama que las ayudas a las electrointensivas se eleven al máximo legal

El Gobierno asturiano sigue demandando al ejecutivo de la nación la elevación de las compensaciones a la industria electrointensiva por las emisiones indirectas de CO2 hasta el máximo legal permitido por la Comisión Europea, así como el mantenimiento de las exenciones y bonificaciones para los grandes consumidores de energía, señaló ayer la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, en la Junta General del Principado en respuesta a una pregunta del diputado del PP Rafael Alonso. "Este gobierno trabaja en prestar todo el apoyo necesario a una industria que consideramos esencial en nuestra región", afirmó Roqueñí.

La consejera aseguró que el Principado sigue reclamando que las compensaciones por los costes indirectos de CO2 que asumen las grandes compañías industriales lleguen al 25% de lo que recauda el Estado por las subastas de estos derechos de emisión, tal y como permite la Unión Europea y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aquellas industrias intensivas en consumo energético y con riesgo por ello de deslocalización por pérdida de competitividad, en lo que se conoce como "fuga de carbono".

Alonso reprochó que el PSOE no hubiera apoyado la proposición no de ley del PP en el Congreso con ese fin, pero Roqueñí aclaró que el voto en contra del grupo socialista no obedeció a que no se compartiera ese objetivo, sino porque el PP se negó a aceptar enmiendas del PSOE que "mejoraban el texto".

El ministro de Industria, Jordi Hereu, reiteró el mes pasado su compromiso –anunciado en enero– de elevar las compensaciones por los costes indirecto del CO2 hasta los 300 millones, el 23% más que en los dos ejercicios precedentes, en cada uno de los cuales se desembolsaron 244 millones.

Sin embargo, esto no colma la expectativa de la industria. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) –en la que participan compañías relevantes en Asturias, como ArcelorMittal y Asturiana de Zinc– reclama al Gobierno la distribución de 850 millones, la cuarta parte de los más de 3.600 millones que recaudó el Estado el año pasado por las subastas de créditos de carbono.

Roqueñí afirmó que el Principado también ha pedido al Gobierno central "la continuidad de las compensaciones por peajes, la fiscalidad y la asignación de los servicios de respuesta activa a la demanda". La consejera argumentó que el Gobierno de España y el de Asturias están haciendo un esfuerzo con las ayudas energéticas, al autoconsumo y del PERTE de Descarbonización, y que "se está avanzando" en satisfacer la necesidad de la industria electrointensiva y el resto de las empresas de disponer de precios de la energía "predecibles, justos y competitivos". A su juicio, el despliegue de las energías renovables es el mejor camino para lograrlo, como evidencia, dijo, que las energías eólica, solar e hidráulica y "su incorporación con fuerza en el mix energético nacional" están permitiendo "mínimos históricos en el precio de la energía, con varios días consecutivos con precios negativos en las últimas semanas".

La consejera abogó por que la industria suscriba acuerdos de suministro a largo plazo (los llamados PPA) para "escapar de la volatilidad de los precios" y acceda a "energía segura, predecible y competitiva".