Madrid / Oviedo, Agencias
La titular del Juzgado número 5 de Madrid, encargada de los supuestos espionajes a políticos del PP enfrentados a Esperanza Aguirre ha llamado a declarar como imputados para el próximo día 30 a los asesores de seguridad del Gobierno regional, los ex guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre.
La juez Carmen Valcarce ha adoptado esta decisión tras recibir un informe de la unidad central de delincuencia económica y fiscal. La magistrada investiga si hubo malversación de fondos por parte de la Consejería de Interior, que dirige Francisco Granados, para sufragar los gastos de los supuestos espionajes sufridos tanto por el ex consejero de Justicia y ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada como por el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo.
La magistrada reclama poder interrogar a tres de los ex guardias civiles que el propio Prada pidió hace unas semanas que fueran imputados conforme a los datos que arrojan los informes policiales sobre las vigilancias ilegales que dice haber sufrido hace un año.
En concreto, Carmen Valcarce, que descarta archivar las diligencias, tiene sobre su mesa desde el 24 de junio un escrito de Prada en el que el diputado regional del PP solicita que llame a declarar como imputados a dos técnicos y seis asesores del equipo de Francisco Granados, al sospechar que están detrás de los seguimientos que sufrió.
En el documento se pide a la juez que incoe diligencias previas contra el técnico especialista en seguridad José Manuel Pinto; el eventual de confianza de la Consejería, José Palomo, y los asesores de seguridad eventuales José Oreja, Antonio Coronado, José Luis Caro Vinagre, Belén Espartero, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles.
Prada reclamó una prueba pericial caligráfica con el fin de que, junto con los documentos originales en la causa, se remita a la Policía científica y la sección de documentoscopia para que los peritos caligráficos determinen si los escritos han sido confeccionados por estas personas.
El parlamentario regional del PP se basaba en que los agentes que elaboraron los partes de seguimientos se referían al departamento donde trabajan, la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior. Además, dos informes periciales encargados por un periódico apuntan como autor de algunos de los partes a José Manuel Pinto.
Los tres ex guardias civiles ahora imputados son agentes de la máxima confianza del consejero Granados, quien los fichó él personalmente por su conocimiento o amistad de cuando era alcalde en Valdemoro, guarnición de la que provenían los tres. Diez días antes de esta decisión judicial, se supo que Esperanza Aguirre había desmantelado los servicios secretos paralelos que se movían en la Consejería de Interior.
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