Madrid / Oviedo
El Ministerio de Defensa está estudiando una doble modificación legal para permitir que los vigilantes de seguridad privada que embarcarán en los pesqueros españoles que faenan en el océano Índico puedan llevar ametralladoras y fusiles de largo alcance para protegerlos de los piratas somalíes.
El Gobierno pretende que el Ejército de Tierra se encargue de adiestrar a los guardias de seguridad privada para que puedan defender los barcos con armamento de mayor calibre, ametralladoras y armas similares a las de las que utilizan los efectivos de las compañías militares privadas que operan en buques españoles bajo la bandera de las islas Seychelles.
Se trata del tercer cambio legal impulsado por el Gobierno, tras haber autorizado el embarque de seguridad privada en la flota atunera y después aprobar que los guardias puedan portar armas largas de precisión.
Los armadores agrupados en Internatún exigieron al Gobierno que pague los tres millones para que los piratas liberen a los pescadores, criticaron el traslado a España de dos de los secuestradores e insistieron en reclamar agentes de seguridad privada de países de la Unión Europea con fusiles de asalto.
«Me pregunto el motivo por el que el secuestro se está prolongando tanto y qué está pasando para que no nos traigan para casa», dijo ayer a su esposa por teléfono Pablo Costas, uno de los rehenes del «Alakrana». Para rebajar la preocupación de las familias de los tripulantes en poder de piratas somalíes desde hace dos semanas, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega afirmó que «están bien» y que el Gobierno no hará nada que pueda poner en peligro su seguridad. Añadió que la «prioridad absoluta» es conseguir traerlos y salvos, para lo que se están «redoblando» los esfuerzos políticos y diplomáticos. «Lo vamos a conseguir», aseguró De la Vega, aunque por «prudencia» declinó facilitar detalles.
