Madrid / Oviedo
El PP pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que aclare hasta dónde llega la supuesta implicación del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en el caso del «chivatazo» a la red de extorsión de ETA durante la tregua. Dolores de Cospedal afirmó que es «impropio de un país democrático que el Gobierno pueda haber traicionado a la Policía para ayudar» a la banda terrorista.
El PP también llamará al propio Camacho, quien habría recibido una llamada del entonces director de la Policía, Víctor García Hidalgo, en la que se ultimaron los detalles del supuesto «chivatazo» sobre la operación policial antiterrorista en el bar «Faisán».
Para la número dos del PP, la información es «muy alarmante», como que al juez Grande-Marlaska le hubieran ofrecido «un cambio de destino para que no se ocupara del asunto Faisán». O que al magistrado del Tribunal Supremo, instructor de la querella contra Baltasar Garzón, Luciano Varela, se le tanteara con una plaza en el Tribunal Constitucional «en función de su comportamiento» en dicho expediente. El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para conocer si ambas informaciones son ciertas.
Los mensajes al magistrado se atribuyen a los entornos de los ministerio de Presidencia e Interior. Rubalcaba desmintió ayer «taxativa y radicalmente» que haya habido presiones sobre a Luciano Varela, del que dijo que «no es un magistrado que se deje presionar». El Ministro calificó de «absolutamente normal» que el 3 de mayo de 2006, el día anterior al «chivatazo» a ETA, el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, llamara al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. «Hay dos llamadas, que en realidad son la misma, porque una se corta, y que me parecen muy pocas», añadió.
Por otra parte, Dolores de Cospedal no acudirá a la citación del juez por sus denuncias de escuchas del Gobierno al PP.
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