La justicia caerá sobre la cúpula de los controladores como responsable máxima del caos aéreo provocado por la huelga salvaje que el pasado viernes obligó, al inicio del puente de la Constitución, a cerrar el espacio aéreo y a declarar el estado de alarma, según anunció ayer el ministro de Fomento, José Bono. La fiscalía no procederá por la vía militar y dará un trato favorable a los que denuncien haber sido víctimas de coacciones. La toma de declaraciones comenzará este jueves.
«No se pueden tomar decisiones generalizadas», ya que la huelga salvaje que dejó a 600.000 pasajeros atrapados en los aeropuertos fue cosa de 500 de los 1.400 controladores que hay, dijo Blanco. «La inmensa mayoría obedeció indicaciones. Hay que saber quién las ha dado, y quien faltó a su puesto tiene más responsabilidades que aquel que no trabajó pero no lo abandonó», añadió el Ministro, quien llamó a los controladores a pasar página y a negociar un convenio.
Los controladores de base recibirán un trato más favorable si prueban que fueron coaccionados. Ésta es la disposición en que se encuentra la fiscalía en su intento de alcanzar con toda la fuerza de la ley a los cabecillas de esta huelga salvaje. El ministerio público investigará por la vía penal y «caso por caso» a unos 500 trabajadores, una cifra similar a los expedientes disciplinarios abiertos por AENA.
En la celebración del aniversario de la Constitución, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que están abiertas la vía penal y la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia de controlador.
El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, explicó que todos los casos se seguirán por la vía ordinaria a través de las audiencias provinciales, y no por la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo. Los controladores podrán ser condenados de tres meses a tres años de cárcel, para los casos más leves, y de tres a ocho años en los más graves.
Se estudiarán los expedientes disciplinarios abiertos porque pudo haber controladores que realmente estuvieran de baja médica, otros que se limitaran a seguir órdenes de sus representantes sindicales y otros que incluso fueran engañados.
José Blanco dejó claro que no tienen la misma responsabilidad los trabajadores «de a pie» que los cabecillas del sindicato. Fomento tiene la sospecha de que los controladores incluso sorteaban las bajas médicas.
Paralelamente más de 5.000 personas afectadas por la cancelación de vuelos por la huelga salvaje han contactado ya con el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo para interponer una demanda colectiva por la vía contencioso-administrativa contra esos profesionales y pedir una indemnización de unos 10.000 euros por persona, lo que da un montante de 50 millones.
La mayoría de los demandantes son de Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias, al menos el 20 por ciento son de nacionalidad extranjera y cerca del 15 por ciento son profesionales que tenían que viajar por motivos de trabajo.
En el discurso del Día de la Constitución, el presidente del Congreso, José Bono, lamentó ayer que un «grupo de ciudadanos» haya abandonado sus obligaciones para echar «un pulso al Estado, perjudicando así a muchos españoles y a España misma».
La Constitución, «sabiamente, ha ofrecido la fortaleza de su letra para alertarnos a todos de que quienes recurren al chantaje para defender privilegios siempre son los culpables, los únicos culpables», dijo. «Ni han vencido en esta ocasión ni vencerá quien lo intente de nuevo; nos va demasiado en ello y los culpables deben perder toda esperanza frente a los españoles y frente a la Constitución», concluyó Bono.
