El Gobierno instó ayer a los políticos «a la reflexión y la responsabilidad» ante la avalancha de críticas al Tribunal Supremo por la condena que acaba con la carrera de Baltasar Garzón y expresó su «preocupación» por la imagen que dan de la democracia española. El Consejo General del Poder Judicial las tachó de «intolerables» e «inadmisibles» .
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos exigió la derogación de la ley de amnistía de 1977. Así lo anunció en Ginebra la alta comisionada Navi Pillay. «Cuando se cuestionan las instituciones, se cuestiona la democracia, dentro y fuera de nuestras fronteras», dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. «Me preocupa esa imagen que se está intentado trasladar», añadió, tras negarse a valorar el fallo judicial.
La portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, consideró un «inadmisible» «ataque personal» que el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo dijera que el Supremo «es una casta de burócratas al servicio de la venganza». «Entiendo que la ciudadanía se manifieste y diga que no comparte la decisión del Supremo, pero me parece intolerable que (a los magistrados) se les llame fascistas por esta resolución», añadió, tras afirmar que Garzón ha tenido un juicio con todas las garantías y con un tribunal imparcial que ha decidido «sin ningún tipo de ideología». La vocal Margarita Robles añadió que el Consejo será contundente en la defensa de los magistrados porque el fallo es impecable.
El CGPJ no prevé ejecutar la expulsión del juez hasta el martes. Varios presidentes de audiencias provinciales y el Consejo de la Abogacía cerraron filas con el Supremo mientras los funcionarios del Juzgado de Garzón dijeron sentir «una gran frustración» porque «se pierde a uno de los más grandes defensores del Estado de derecho». La minoritaria Jueces para la Democracia, a la que pertenecen algunos de los miembros del tribunal, consideró inobjetable y ajustada una sentencia que los fiscales progresistas ven desproporcionada y nefasta.
La ola de críticas proseguía 24 horas después de que el Supremo condenara a 11 años de inhabilitación a Garzón por las escuchas a los cabecillas de la «trama Gürtel» y sus abogados. Gaspar Llamazares (IU) dijo que la sentencia «deteriora la imagen democrática de España en el mundo» y pide a Divar, presidente del Supremo, que responda por «el linchamiento». Jesús Caldera (PSOE) cree que la expulsión de Garzón generará comentarios nada buenos para la justicia española en el exterior, donde ayer prosiguieron las críticas.
