El anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado ayer en el Consejo de Ministros, incluye castigar hasta con un año de cárcel la difusión de vídeos o imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima, aunque ésta hubiera accedido a la grabación. Además, se ampliarán los delitos de administración desleal e insolvencia punible para endurecer la persecución de los escándalos financieros, los que causen un perjuicio al patrimonio de un tercero y a los que provoquen que una sociedad quiebre o entre en concurso de acreedores. Se trata de poner cerco a las jubilaciones millonarias y a casos como las participaciones preferentes.
Será castigado con prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses quien, «sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales» que atenten contra la intimidad personal, aunque la víctima consintiera ser grabada. Una medida de la que ayer se felicitó la concejala socialista de Los Yébenes, Olvido Hormigos, que denunció al alcalde de ese municipio toledano por la difusión de un vídeo.
El matrimonio forzado se castigará con hasta tres años de prisión cuando exista violencia e intimidación, dos años por acecho u hostigamiento (llamadas telefónicas continuas o vigilancias) y sanción con hasta doce meses de multa para la vulneración de dispositivos electrónicos para proteger a las maltratadas.
Las conductas que inciten al odio y la violencia contra grupos por razones de raza, sexo, religión, ideología o procedencia se castigarán con de uno a cuatro años de prisión. Se impondrán cárcel de 6 meses a dos años a quienes produzcan o elaboren escritos o soportes que promuevan la discriminación y xenofobia.
Se impondrán penas de 6 meses a dos años a quienes nieguen, hagan apología o trivialicen delitos de genocidio, crímenes contra la Humanidad o de guerra, y específicamente el Holocausto judío, cuando estas conductas promuevan o favorezcan un «clima de violencia».
El ministro Alberto Ruiz-Gallardón aseguró que el nuevo Código Penal, cuyo anteproyecto se remite al Consejo de Estado y al Poder Judicial para que emitan el informe preceptivo, no conllevará un aumentará la población reclusa a pesar de elevar el castigo penal con medidas como la prisión permanente revisable, que se introduce por primera vez. Se incluye la custodia de seguridad de hasta diez años una vez cumplida la pena para delitos de especial gravedad, como el abuso sexual contra menores.
Está previsto despenalizar las faltas, ya que sólo una pequeña parte seguirá siendo delito, mientras que el resto se sancionará por la vía administrativa. En caso de primer delito, el tribunal tendrá la opción de sustituir la prisión por arresto domiciliario, o libertad vigilada, si cree que la cárcel perjudica la reinserción.
