La Fiscalía Anticorrupción solicita 42 años y medio de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas por supuestos hechos delictivos cometidos en el marco de la trama de corrupción Gürtel, entre los años 1999 y 2005, mientras que eleva a casi 110 años de prisión su petición de pena para el considerado cerebro de la red, Francisco Correa.

Del extesorero del PP dice que, "como mínimo", se apoderó en esos años de 299.650,61 euros de la caja B del PP, para después ingresarlos en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza, donde llegó a acumular hasta 40 millones.

En esta primera pieza del caso, referida a la "primera época" de la trama, el fiscal también reclama cárcel para otros dos extesoreros del PP: 8 años para Ángel Sanchis por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo, y tres para Álvaro Lapuerta por apropiación indebida.

En el escrito de acusación contra 41 de los 42 imputados, de 512 folios, Anticorrupción pide también mantener en este proceso al PP y a la exministra Ana Mato como partícipes a título lucrativo en los beneficios de la red, y solicita además que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre declare como testigo en el juicio, previsto para este año.

La Fiscalía pide 328.440 euros al PP en concepto de responsabilidad civil por los beneficios obtenidos por Gürtel en Pozuelo de Alcorcón y Majadahonda, y a Mato 28.468 euros por lucrarse de los regalos que la trama hizo a su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alcorcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, también imputado.

Las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, reclaman 85 años para el considerado "número dos" de la trama, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo; 43 para el contable de la red, José Luis Izquierdo; 24 para la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias; 50 para el exalcalde de Majadahonda, y 15 para el de Pozuelo de Alarcón.

Contra todos estos imputados, la Fiscalía formula acusación por decenas de delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad, contra la Hacienda Pública, cohecho, malversación, apropiación indebida y, en el caso de Bárcenas y su mujer, estafa procesal en grado de tentativa por tratar de justificar sus cuentas en Suiza con facturas falsas de supuesta compra venta de cuadros.

La Fiscalía sostiene en su escrito que de 1994 a 2009 Correa se sirvió de un entramado societario constituido por empresas de organización de eventos y viajes tanto para obtener contratos públicos vulnerando las normas de contratación como para ocultar los pagos a funcionarios y sus propios gastos personales.

Según Anticorrupción, sólo en esta pieza separada -la otra es la de los llamados "papeles de Bárcenas", la caja B del PP-, Correa recibió 8.400.000 euros entre 2000 y 2008, de contratos públicos adjudicados a sus empresas. Además, en ese tiempo ingresó 2.850.000 euros de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.