M. CASTRO
El juez de lo Mercantil número uno de Oviedo ha adjudicado a la empresa barcelonesa Inversiones Asociadas Generales, S. L. (Inagen), el derribo y el aprovechamiento de la mayoría de las instalaciones de Mina La Camocha, que Inagen tendrá que convertir en chatarra en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de adjudicación, el pasado 28 de septiembre.
La empresa catalana pagará 555.555 euros netos, más los impuestos correspondientes, por dejar para chatarra, entre otras instalaciones, el castillete del pozo número dos y el lavadero del pozo tres. Ambos son considerados como elementos emblemáticos de la explotación minera, lo que ha llevado a sindicatos, asociaciones vecinales de Vega y al colectivo en defensa del patrimonio a pedir al Ayuntamiento de Gijón que bloquee los derribos hasta que no se realice un estudio sobre el patrimonio histórico de la mina. El Juzgado entiende que se pueden derribar todos los edificios que no están protegidos por el catálogo urbanístico municipal. Los colectivos que se oponen consideran que la normativa urbanística obliga a elaborar un plan especial para los antiguos terrenos mineros de San Martín de Huerces, en el que se tendrá que estudiar a fondo qué edificaciones deben salvarse como patrimonio industrial.
El juez ha adjudicado el achatarramiento de las instalaciones de Mina La Camocha a la empresa que presentó la oferta económica más elevada, en base al informe que presentaron en el mismo sentido los administradores concursales de la mina en liquidación. Inagen competía con otras once empresas de toda España por los metales de las instalaciones mineras gijonesas. La empresa catalana subsanó un defecto de su oferta, dado que inicialmente no había presentado al Juzgado la póliza de responsabilidad civil para la obra, algo que hizo días después de la apertura de los sobres.
Quienes se oponen a los derribos en tanto no se efectúe un estudio en profundidad del patrimonio industrial que queda en Mina La Camocha argumentan que no hay prisa por achatarrar las instalaciones. Cualquier operación urbanística en los antiguos terrenos mineros requiere la descontaminación de los mismos, algo que actualmente está paralizado. Por un lado, la empresa asturiana Posada Organización no llegó a cerrar su oferta de 7 millones de euros por las balsas de finos de carbón, que ocupan gran parte de los terrenos mineros y que acumulan unas 813.000 toneladas de carbón mezclado con tierra. A esto se suma que nadie ha presentado ofertas para comprar los estériles que aún permanecen en las dos escombreras de Mina La Camocha y que suman 1.933.442,51 toneladas de tierra, según los cálculos de la administración concursal.
La eliminación de las dos escombreras y de las balsas de lodos es imprescindible para cualquier actuación sobre esos terrenos, por lo que efectuar un estudio antes de iniciar las demoliciones no supondrá ningún contratiempo, recalcan quienes defienden esa medida.
