M. C.
«Se va a intentar evitar el achatarramiento hasta donde el equipo de gobierno pueda legalmente mantener ese patrimonio». Así se pronunció la alcaldesa, Carmen Moriyón, sobre las instalaciones industriales de Mina La Camocha, la mayoría de las cuales podría ser demolida para aprovechar sus metales como chatarra.
El Juzgado de lo mercantil número uno de Oviedo, que supervisa la liquidación de la empresa, ha adjudicado a la empresa catalana Inagen el derribo del castillete número tres y del lavadero del pozo número dos, además de otras edificaciones de la mina. Las dos asociaciones vecinales de Mina La Camocha, colectivos ciudadanos y sindicatos han solicitado al Ayuntamiento y a la Consejería de Cultura del Principado que bloqueen cualquier intento de derribo de las instalaciones de la antigua mina en tanto no se realice un estudio sobre el valor de las mismas como arqueología industrial. Estos colectivos hacen especial hincapié en el pozo minero que se va a demoler.
Además de tomar nota de las preocupaciones de estos colectivos sobre el futuro de las antiguas instalaciones mineras, la Alcaldesa también recalcó que los terrenos de la mina se destinarán a albergar «empresas limpias, siempre con mucho cuidado medioambiental, no productoras de contaminantes, ni de humos, ni de nada; empresas de alta tecnología no contaminante».
