M. CASTRO
La Consejería de Cultura del Principado considera obligatoria la elaboración de un plan especial para Mina La Camocha, para decidir qué instalaciones de la antigua explotación minera pueden derribarse y cuáles deben de conservarse como patrimonio industrial. Cultura ha solicitado información al Ayuntamiento de Gijón sobre las actuaciones que ha llevado a cabo respecto a Mina La Camocha. El Juzgado de lo mercantil había autorizado el achatarramiento de gran parte de las instalaciones mineras, incluido uno de sus dos castilletes y el lavadero de carbón. Esos derribos requerirían autorización municipal.
La Agrupación de Colectivos Asturianos, el Colectivo Defensa del Patrimonio, CSI y la Asociación de Vecinos San Emiliano de Vega denunciaron ante la Consejería de Cultura los planes de demolición en Mina La Camocha tras la adjudicación de esos trabajos y el aprovechamiento de la chatarra resultante a la empresa catalana Inagen, por 555.555 euros. La adjudicación tuvo lugar en septiembre pasado y el 14 de octubre los colectivos citados pedían el pronunciamiento del Principado al respecto.
El Servicio de Conservación, Protección y Restauración del Principado ha respondido señalando que «la Consejería de Cultura entiende que cualquier intervención que se pretenda realizar en las instalaciones de Mina La Camocha está supeditada a que se tramite y apruebe un plan especial, tal y como prescriben el Catálogo Urbanístico y el Plan General de Ordenación de Gijón. Ese plan especial será el documento en el que se analice la situación de cada elemento patrimonial existente en la parcela y el que determine los que habrán de conservarse en el futuro, así como la ordenación que habrá de tener este espacio. Antes de ese momento no es posible proceder a derribo alguno de las instalaciones, por no haberse llevado a cabo el análisis del interés individual y de conjunto de las mismas, que es labor que habrá de desarrollarse en el plan especial».
El historiador Rubén Vega, portavoz de los colectivos que denunciaron la situación ante Cultura, señaló ayer que «vamos a trasladar la respuesta de inmediato al Ayuntamiento» para que bloquee cualquier derribo. Vega valoró positivamente la decisión del Principado, pero advirtió de que con la misma aún no se ha salvado el patrimonio industrial de La Camocha, algo que dependerá «del informe, y de quién lo haga», sobre el valor de esas instalaciones. Rubén Vega añadió que los criterios también pueden cambiar, como ocurrió la semana pasada, cuando se le quitó la protección a una tahona de Ribadesella a la que Cultura había protegido hace cuatro meses.
