La retirada por parte de la Comisión Europea de las subvenciones a la obra de ampliación de El Musel, a instancias de la oficina antifraude europea (OLAF) se puede acabar traduciendo en una dificultad del puerto gijonés para captar nuevos tráficos, según sostienen empresarios del sector. El aumento del endeudamiento al que tendría que recurrir el Puerto si se ratifica la decisión comunitaria, haría prácticamente "imposible" que la Autoridad Portuaria pudiera ofrecer incentivos similares a otros puertos españoles para que se asienten nuevos clientes, según las fuentes citadas.
La Autoridad Portuaria cerró el año 2013 con una deuda de 451,18 millones de euros, de los que 448,75 se corresponden a los créditos a largo plazo concedidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y por Puertos del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar la obra de ampliación y los sobrecostes respectivamente. El elevado endeudamiento del Puerto y su reflejo en sus cuentas, ya provocó una subida de las tasas portuarias en 2012. La situación puede agravarse después de que la Comisión Europea haya exigido al Puerto el reintegro de los 198 millones de euros de Fondos de Cohesión que había abonado a El Musel y ha cancelado la entrega de los 49,5 millones que tenía pendiente de pago.
"Ahora ya te cobran hasta por respirar, porque no les salen las cuentas. Si tienen que devolver esos 198 millones no van a poder promocionar ningún muelle dando incentivos para captar nuevos tráficos" como hacen otros puertos saneados, por ejemplo permitiendo a los operadores ocupar más superficie de la que figura en formalmente en la autorización o concesión, con lo que de hecho se reduce la tasa de ocupación. Esa es una práctica frecuente en los puertos para captar nuevos clientes y difícilmente detectable por Puertos del Estado, añaden las mismas fuentes. "Cualquier tráfico nuevo te pide facilidades, que son siempre facilidades económicas. Vienen momentos duros", añaden.
Otras fuentes del sector explican que si El Musel tiene que recurrir a un nuevo crédito para devolver 198 millones de euros, su amortización y pago de intereses "será mayor que el cash flow que genera el Puerto; todo el dinero que genera lo va a tener que destinar a pagar ese préstamo. Y el problema no acaba ahí, porque todavía sigue adelante la demanda de Dique Torres", que reclama 350 millones de euros por sobrecostes añadidos a los que ya cobró, intereses de demora y actualización de precios.
La preocupación entre los empresarios por las consecuencias de la retirada de fondos europeos también la expresó la FADE, que alertó de que la medida acabará afectando a la competitividad del puerto gijonés.
Tanto la Autoridad Portuaria como el Gobierno del Principado han instado al ejecutivo central a recurrir hasta las últimas instancias la propuesta comunitaria, impugnándola ante el tribunal de justicia de las comunidades europeas. Después de que la OLAF emitiera el informe en el que hablaba de supuestos fraudes e irregularidades en la contratación y en la ejecución de la obra de ampliación, así como de supuesta falta de control de la misma, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en una comparecencia parlamentaria, mostró su intención de recurrir judicialmente el recorte de ayudas.
El Principado recuerda que la UE no ha finalizado el procedimiento de corrección financiera, por lo que insta al Gobierno a una "defensa firme" ante la UE del Puerto gijonés.
