Lejos de aflojar, el Defensor del Pueblo continúa actuando, y con mayor intensidad, en el expediente abierto -a petición de un vecino- por la presencia de mercurio en fuentes de Jove. En una nueva notificación, la institución nacional mantiene un tono crítico con el Principado y siembra dudas sobre su control a las principales industrias del entorno del río Aboño: la cementera, la central térmica y Arcelor.
Insatisfecho con la información remitida por la Consejería de Medio Ambiente después de que se la hubiesen requerido, Francisco Fernández Marugán, adjunto primero del Defensor del Pueblo, plantea adoptar otras medidas paralelas y "valora la posibilidad de solicitar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un informe sobre la suficiencia de las condiciones establecidas en las autorizaciones ambientales integradas" de esas tres empresas.
El motivo es que el Defensor del Pueblo intuye que la contaminación de mercurio en las fuentes de Jove (La Piquera, El Muselín y La Parra) y en algunas tierras aledañas puede provenir de emisiones atmosféricas de alguna de estas factorías. Basándose en "un estudio independiente realizado por investigadores de la Universidad de Oviedo y del Instituto Geológico y Minero de España", Marugán señala que "el mercurio presente en la atmósfera pasa con la lluvia al suelo y de éste a las aguas, lo cual parece ser la causa probable de la contaminación por mercurio de las fuentes". A ello añade que "las emisiones de mercurio procedentes de centrales térmicas, de instalaciones de producción de cemento y de actividades de incineración contribuyen significativamente a la presencia de este contaminante en la atmósfera". En definitiva, pone el ojo en las grandes industrias de Aboño como posibles causantes de la presencia de mercurio.
No se contenta el Defensor del Pueblo con la información aportada por el Principado, que incluye una campaña de estudio de contaminación de mercurio en el aire en Jove realizada en diciembre de 2014, en la que "todos los datos están muy por debajo del valor límite". Marugán critica ese resultado porque "el estudio se realizó sin estar todos los focos de emisión en funcionamiento".
El Defensor del Pueblo cree que "la documentación que aporta la consejería es útil en apoyo de sus argumentos, pero no puede sustituir un informe en el que dé respuesta a todas las cuestiones que el Defensor del Pueblo plantea". Y añade que el Principado "tampoco ha indicado en su informe cuáles son las medidas preventivas y correctoras previstas en la declaración de impacto ambiental en relación con las emisiones de mercurio a la atmósfera, ni sobre las inspecciones realizadas".
En definitiva, la institución nacional critica al gobierno regional por las escasas condiciones sobre emisiones de mercurio impuestas a las tres grandes industrias del entorno del río Aboño, así como siembra dudas sobre las labores de inspección a las mismas.
