18 de marzo de 2017
18.03.2017

El Puerto puso a disposición del Tribunal de Cuentas documentos que rechazó revisar

El Musel ofreció al equipo fiscalizador las hojas de producción diaria y verificar todos los originales de los tiques de pesaje, asegura el abogado de Díaz Rato

18.03.2017 | 01:48

"Hay documentación suficiente en la Autoridad Portuaria de Gijón, para el que la quiera comprobar, de que se pesaban todos los camiones, y se conocía sin duda la procedencia de todos los materiales. La obra estuvo rigurosamente controlada desde el primer día". Es la contestación que da el letrado Viliulfo Díaz, abogado de José Luis Díaz Rato, al informe fiscalizador que realizó el Tribunal de Cuentas a la obra de ampliación de El Musel, en el que, entre otras cosas, se señala que hubo un 23% de incidencias en los pesajes de los camiones que llegaban con materiales para la obra de El Musel, lo que a juicio del órgano fiscalizador es clave, al depender el pago de sobrecostes a la UTE Dique Torres en buena medida del origen de las piedras empleadas en la obra.

"La ausencia de un minucioso control sobre la entrada de estos materiales tiene especial relevancia debido a que los suplementos de precios que se abonaron por unidad de m3 colocada en la obra estaban directamente relacionados con la procedencia de los materiales", señala el informe del Tribunal de Cuentas, que va a ser remitido a la Audiencia Nacional junto con las alegaciones de la Autoridad Portuaria al mismo, para engrosar el sumario del "caso Musel".

Viliulfo Díaz apoya sus críticas a ese informe precisamente en las alegaciones formuladas por la Autoridad Portuaria, en las que, entre otras cosas se indica que el Puerto puso a disposición del equipo fiscalizador las hojas de producción diarias y los informes mensuales de control de ejecución que elaboraba la asistencia técnica a la dirección de obra, la UTE Cabo Torres, documentación que "el equipo fiscalizador del Tribunal de Cuentas no solicitó su revisión, a pesar de que la Autoridad Portuaria de Gijón los puso a su disposición" resalta el abogado de Díaz Rato.

Las alegaciones del Puerto agregan en ese punto que el equipo fiscalizador también rechazó la posibilidad que le ofreció la Autoridad Portuaria "de verificación in situ de los originales de los tiques de pesaje durante todos los días de la ejecución de la obra", sino que se centraron en la revisión de una muestra aleatoria de 10.399 tiques, de donde el Tribunal de Cuentas extrae sus conclusiones.

El exdirector de El Musel siempre ha mantenido que los pesajes no eran determinantes del pago al contratista, sino el volumen de material depositado en la obra. En ese sentido, Viliulfo Díaz apunta que "el control y el pesaje de los camiones a la entrada del puerto era una responsabilidad del contratista y su objetivo era que sólo los camiones autorizados, con los materiales que cumplían las especificaciones del proyecto y que habían sido comprobadas por la asistencia técnica a la dirección de obra, entrasen a la obra".

El abogado sostiene que la asistencia técnica estaba presente en las básculas "y por lo tanto estaba controlando los materiales que entraban en la obra, tanto su calidad como su procedencia", lo que junto con la información que se recibía de los vigilantes que estaban en cada tajo se confeccionaban las hojas de producción diarias y los informe mensuales de control de ejecución que no quiso revisar el Tribunal de Cuentas.

El letrado agrega que la única conclusión del informe del Tribunal de Cuentas es la de realizar "previsiones más realistas de los plazos y costes de ejecución de las infraestructuras", no apareciendo "ninguna otra recomendación en relación directa con la Autoridad Portuaria de Gijón".

Respecto al desvío en un 112% de las previsiones que apunta el Tribunal de Cuentas, Viliulfo Díaz califica esa afirmación de "tergiversada", dado que el órgano fiscalizador compara magnitudes que no son homogéneas: los 355,07 millones de euros del presupuesto del anteproyecto que realizó Puertos del Estado con 754,8 millones de euros que se dice que se abonó al contratista, cifra "que no se conoce de dónde sale". En su opinión, la comparación homogénea es la de los 499,34 millones de euros en que se licitó la obra con los 623,66 que se abonaron sin incluir la actualización de precios. Ambas cifras son sin IVA.

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