Con la capucha puesta y un periódico tapándose el rostro. El gijonés acusado de un delito contra la salud pública por la venta de drogas -y al que delató su propio hijo menor de edad cuando éste tenía doce años- declaró ayer en la sección octava de la Audiencia Provincial a puerta cerrada. Lo hizo exclusivamente a las preguntas de su abogado defensor tras declinar responder a las cuestiones de la Fiscalía y la acusación particular -ejercida por la madre del pequeño- que en ambos casos piden una pena privativa de libertad de cuatro años para el acusado.

El abogado defensor, Sergio Herrero, requirió que se anulase este proceso al entender que el registro practicado por la policía en la vivienda de su cliente no se ajustaba a la legalidad. El registro se produjo el 28 de noviembre de 2016 pero se hizo sin autorización judicial, sin el permiso del propietario de la casa y tan sólo con la autorización del menor -sin capacidad legal para ello- pues fue él quien alertó a la Policía ante el temor que le producía ver a personas extrañas llamando al timbre de la casa. Herrero pidió ayer la libre absolución de su cliente al entender que la inspección carece de validez.

Opinión distinta mantuvieron ayer en la sala el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Esta última, llevada a cabo por el abogado Santiago Estrada, justificó el registro porque tras la llamada de auxilio del niño, que estaba "indefenso y con miedo", la policía se encontró con la droga en el domicilio.

¿Qué había en la casa del acusado? Según el relato del Ministerio Fiscal, los agentes -que ayer se ratificaron en el atestado- incautaron 1.900 euros en billetes, envoltorios de plástico con cocaína y una báscula de precisión. Además, en la habitación del acusado, hallaron un post-it con anotaciones de nombres y cantidades procedentes de la venta de droga -el acusado dijo ayer que eran relativas a la venta de vino-. Tras el correspondiente examen de las sustancias se determinó que había 50.84 gramos de droga con una riqueza en cocaína base de 83% -cuyo valor en el mercado ilícito ascendería a los 6.187,60 euros- y otros 14,75 gramos con una riqueza en cocaína base de 83,1% por valor de 1.797,22 euros.

Por ello, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular coinciden en que el acusado es culpable de un delito contra la salud pública por el que le reclaman cuatro años de cárcel y una indemnización -sólo Fiscalía- de 12.000 euros más costas. La acusación particular suma además el delito de abandono de familia por el que exige que se inhabilite al acusado para la práctica de la patria potestad del menor. Cabe señalar que ya cuenta con una orden de alejamiento hasta que su hijo cumpla los 19 años.