06 de agosto de 2017
06.08.2017

La fiscal general, primera víctima de la Asamblea Constituyente de Venezuela

El órgano promovido por el presidente Maduro destituye a la titular del Ministerio Público, una antigua chavista ahora crítica con el régimen

06.08.2017 | 05:40
Varios agentes impiden a la todavía fiscal general entrar en la sede del Ministerio Público, ayer en Caracas.

La Asamblea Nacional Constituyente, el órgano promovido por el presidente Maduro para salvar el obstáculo de un Parlamento con mayoría de opositores, marcó ayer el estilo de lo que será su mandato con la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. En su primera sesión plenaria, la Asamblea acordó, por "aclamación y unanimidad", el cese de Ortega después de que el Tribunal Supremo de Justicia notificara a la Asamblea haber encontrado indicios para enjuiciar a la fiscal, para su inhabilitación, prohibición de salida del país y congelación de sus bienes. En sustitución de la exfuncionaria, los oficialistas designaron al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como nuevo fiscal general. Saab se convierte así en la primera autoridad designada por el órgano plenipotenciario.

Diosdado Cabello, el miembro de la Constituyente que propuso a Saab para el cargo, marcó la impronta de los que será la actuación de la Asamblea al reclamar que se declare "la emergencia" dentro del Ministerio Público "para que se proceda a su inmediata reestructuración" y se revise la actitud de todos los funcionarios en todos los niveles.

A Luisa Ortega Díaz, la primera en romper las filas del monolítico chavismo, el final de su carrera le llegó tras abrir la puerta a una serie de investigaciones contra el Gobierno de Maduro. En su cometido como fiscal general, Ortega Díaz fue la encargada de llevar los casos de responsabilidad penal en contra de centenares de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos el que condujo a Leopoldo López a una condena de casi 14 años de prisión.

La abogada, de 59 años y casada con un diputado oficialista, marcó un punto de inflexión con el Gobierno el pasado 31 de marzo y sorprendió al país con un pronunciamiento sin precedentes, al denunciar el riesgo de ruptura del orden constitucional con la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones del Parlamento. La fiscal general inició investigaciones sobre actuaciones dudosas de las fuerzas de seguridad y cuestionó la designación "irregular" de una treintena de magistrados que componen el Supremo venezolano. Esos mismos jueces abrieron el procedimiento que terminó ayer con su destitución, la congelación de sus cuentas y su inhabilitación.

Su destitución es un ataque "contra la Constitución" cometido por un organismo "ilegal", en el marco de un "golpe contra la institucionalidad del Estado", afirmaba ayer Ortega Díaz tras su caída.

En paralelo a la primera muestra de lo que puede ser la actuación de la Asamblea Constituyente, Venezuela quedó ayer suspendida con carácter indefinido como miembro de Mercosur en aplicación de la "cláusula democrática". Este apartado del tratado de comercio de los países de la zona permite la exclusión de aquellos en los que se rompa la normalidad institucional, una decisión con alcance más político que comercial.

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