La dirección general de Justicia e Interior del Principado de Asturias, responsable de las sedes judiciales de la región y también de la ciudad residencial de Perlora (Carreño), exigió ayer a la empresa adjudicataria del servicio de seguridad, Alcor Seguridad, la "retirada de sus funciones, con carácter provisional", del guarda que intentó matar a su mujer, también trabajadora del sector, el pasado mes de agosto, y que en las últimas semanas ejercía su labor en los juzgados de Langreo. Esta es una petición "con carácter provisional", ya que en las próximas semanas el Principado le exigirá a la compañía "una solución definitiva", porque "parece que el perfil del trabajador no es el adecuado para sus funciones".

En la jornada de ayer, el vigilante de seguridad ya no acudió a su puesto de trabajo, tras solicitar la baja por un cuadro de "ansiedad" en la tarde del jueves, el mismo día en el que la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias, AVISPA, denunciaba la situación, que consideraba puede "empañar, ensuciar y desacreditar la imagen y trayectoria" de los profesionales del sector.

José Luis Villaverde, director general de Justicia del Principado, exigió ayer a la empresa que "retire de sus funciones, con carácter provisional" al imputado, sobre el que hay dictada una orden de alejamiento de su mujer. El Principado pedirá que "se ofrezca una solución definitiva" al caso, más allá de que el trabajador deje de prestar sus servicios temporalmente, "la próxima semana". Según Villaverde, "lo deseable sería que la empresa solucione el problema, porque parece que el perfil del trabajador no es el adecuado para las funciones que debe desempeñar en un medio como son las instalaciones judiciales". Respecto a la petición de AVISPA de rescindir el contrato de Alcor Seguridad (empresa gallega, con sede en Monforte de Lemos, Lugo), el responsable de Justicia aseveró que "el servicio de contratación" del Principado está estudiando la situación, "y la solución es difícil", si bien "no se ha tomado una decisión al respecto". Sobre la situación del trabajador en la compañía, "hay una salvaguarda de los derechos laborales que la empresa habrá de poner encima de la mesa". Los vigilantes de seguridad de Asturias reclamaban la suspensión de empleo y sueldo para el guarda, hasta que se celebre "el juicio".

Por otra parte, CC OO ha pedido al trabajador, mediante un burofax que deje de ser delegado sindical de la central (el sindicato no puede obligarle, debe dimitir). Si bien es delegado, no está afiliado al sindicato.

El guarda de seguridad está imputado por un presunto delito de "homicidio en grado de tentativa". En agosto de este año coincidió con su mujer en un cambio de turno de los vigilantes en Perlora. Allí presuntamente la apuñaló en el abdomen, en cinco ocasiones, utilizando un destornillador. La mujer, también guarda, tuvo la suerte de llevar una faja (por un problema de espalda) que le cubría la zona donde la hirió. Un tercer vigilante paró la agresión. La Guardia Civil detuvo al vigilante, que permaneció dos meses en prisión preventiva, antes de reincorporarse al trabajo.