El Instrumento de Gestión Integrado (IGI) del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Ibias y Degaña ha sido aprobado por los órganos de gestión del Parque, la Junta y la Comisión Rectora, reunidos ayer en la casa del Parque en Cangas del Narcea. Una aprobación que no ha estado exenta de polémica. Una decena de propietarios, que forman parte de la asociación de propietarios en comunidad romana (ASPROCORO), se acercaron hasta el lugar de la reunión con pancartas para hacer llegar sus reivindicaciones a la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez.
"Lo único que hace el IGI es prohibir las actividades cotidianas, no se puede construir en la zona rural, no se pueden mejorar los accesos, no hay ninguna posibilidad de desarrollo rural, aparte de la devaluación total de nuestras propiedades", argumenta el secretario de ASPROCORO, Manuel Meléndez. Una de las reclamaciones de esta asociación es poder formar parte de la Junta Rectora del Parque para hacer sus propuestas. "Somos los que ponemos la base territorial y no tenemos representación", se quejan.
Los propietarios que trasladaron estas quejas a la consejera, a las puertas de la casa del Parque, consiguieron el compromiso de celebrar una reunión en próximas fechas, aunque no confían en el resultado "porque los puntos de vista son muy divergentes", asegura el presidente de ASPROCORO, José Pablo Vicente.
La consejera María Jesús Álvarez asegura que las reivindicaciones planteadas por los propietarios no están reflejadas en el IGI: "no se prohíbe ninguna de las cuestiones que en la reunión informal planteaban, así que lo primero que debemos hacer es aclararles lo que regula el instrumento de gestión". Álvarez insiste en que se ha procurado que "la gestión diaria del trabajo cotidiano sea lo más sencilla posible y lo más similar al conjunto del territorio".
El IGI también se ha encontrado con la oposición del Partido Popular. El alcalde de Degaña, José Manuel Fernández, y el de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, votaron en contra de su aprobación al considerar que no se ha tenido en cuenta "a las poblaciones ni a los propietarios del Parque", además de "no haber contestado nuestras alegaciones", explica Fontaniella.
