La Administración asturiana continúa con su errática política educativa regional. Además de tener paralizada la carrera profesional -discriminando en salarios a más de 10.000 docentes respecto a los funcionarios sanitarios-, tuvo que publicar en BOPA dos correcciones de errores a la convocatoria de oposiciones de Secundaria de este año, cuya gestión perdió y ahora, mediante un nuevo decreto de delegación de competencias de Administraciones Públicas, vuelve a recuperar la Consejería de Educación.
Tras tres décadas de evolución, el desarrollo del Estado de las autonomías ha entrañado aspectos positivos, como en los casos de una creciente descentralización administrativa y cercanía a los ciudadanos, y otros negativos, como no haberse asentado un modelo territorial y financiero equilibrado, la burocracia a veces confusa y la creciente deriva confederal de algunos territorios, en el contexto de unos resultados académicos por debajo de la media europea.
Hay que hacer balance y encontrar el justo término medio.
Lógicamente no se trata de volver al Estado centralista ni de que la Administración central ejerza en exclusiva todas las competencias educativas, sino de la reivindicación del necesario consenso entre las principales fuerzas políticas nacionales en torno a unos puntos básicos, capaces de encauzar que lo importante es lo que se aprende -y no sólo cómo se podría aprender sin esfuerzo- y superar el guirigay confederal.
Entre ellos, un Estatuto Docente Nacional que recoja las características, derechos y deberes profesionales, incluyendo el reforzamiento de la alta inspección del Ministerio de Educación, la cláusula de revisión anual automática según inflación, excepto en años de crecimiento económico inferior al de población, y el mismo tratamiento para medicinas para los jubilados docentes (que ahora deben pagar en parte) que para el resto de jubilados.
Hay que garantizar un suficiente y correcto aprendizaje de la lengua, geografía, historia y cultura española comunes en todos los territorios del Estado español. Con derecho a la libre movilidad mediante concurso nacional de traslados todos los años. Los méritos deben valorarse por los principios de justicia y proporcionalidad. No puede ser que tres cursos de treinta horas puntúen más que uno de 180 horas.
Basta ya de marginar la lengua española en la enseñanza y Administración periféricas. Precisamos un bilingüismo integrador. El requisito lingüístico autonómico debe ser mérito posterior y no a priori para la obtención de plazas docentes, quienes las obtengan deben disponer después de cursos para acreditar el dominio efectivo de ambas lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades. No es progresista sino absurdo que la Educación en España sea antiespañola.
En definitiva, en el contexto de las ocho competencias básicas establecidas por la Unión Europea, el Estado español debe recuperar las competencias fundamentales de Educación, se trata de avanzar hacia un aprendizaje con mayor eficacia, acorde a los cambios y los retos de los nuevos tiempos. Con estabilidad legislativa, una inversión suficiente, una apuesta por la igualdad de oportunidades en una enseñanza de calidad, y un reconocimiento de la autoridad del profesorado.
