Que las mujeres hemos de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres es una afirmación que nadie discute, al menos en voz alta y con argumentos. Sin embargo, como sucede muy a menudo con las afirmaciones rotundas, la realidad se encarga una y otra vez de desmentir la veracidad de lo afirmado.
Este 8 de marzo las mujeres de este país tenemos motivos más que suficientes para temer que los avances conseguidos después de años de luchas y reclamaciones sostenidas se ven seriamente amenazados por las políticas de un Gobierno exquisito con los poderosos e implacable con los débiles. Empezó el señor Gallardón, flamante ministro de Justicia, anunciando una derogación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo aprobada en el año 2010, la ley de plazos, mayoritaria en los países europeos de nuestro entorno y que permite el aborto libre en las primeras catorce semanas. Con esta derogación el aborto volverá a ser un delito incluido en el Código Penal, excepto en supuestos concretos en los que estará despenalizado. Volverán los graves problemas de inseguridad jurídica de mujeres y profesionales, volverá el cuestionamiento de la capacidad de decisión de las mujeres y volveremos a tener que ponernos en manos de otros, jueces o médicos, que decidirán si podemos o no ejercer el derecho a nuestro propio cuerpo. La ministra de Sanidad y, también, de Igualdad manifiesta que sacará del catálogo de servicios mínimos y, por tanto, no sufragará los tratamientos de reproducción asistida, y eso a pesar de la decidida vocación del PP por defender la maternidad y la familia.
Es paradójico, si decides no continuar adelante con el embarazo, yo te obligo o te lo pongo muy difícil, pero si quieres ser madre y no puedes, te aguantas o te lo pagas. Es una muestra alarmante de lo que parece entender el Gobierno por los derechos de las mujeres.
Y qué decir del mundo laboral; el salario medio anual de las mujeres en España está un 28% por debajo del de los hombres, y ello se debe, entre otras razones, a que tenemos un salario medio por hora inferior al de los hombres, ocupamos categorías consideradas más bajas y, además, somos mayoría en los trabajos a tiempo parcial por falta de otras oportunidades. Si nos referimos a las pensiones, un 80% de las mujeres percibe menos de 700 euros al mes porque sus cotizaciones han sido menores y durante menos tiempo y somos mayoría en el capítulo de las pensiones no contributivas. ¿Alguien se acuerda ya de las viudas y sus pensiones de miseria?
El Gobierno se ha mostrado preocupado por esta realidad, pero en lugar de poner en marcha mecanismos de corrección aprueba una reforma laboral que cercena los derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras durante años de lucha sindical y social. Reforma que incluye medidas como la flexibilización unilateral de las condiciones de trabajo, el aumento de la jornada laboral, aunque sea a tiempo parcial, por necesidades de la empresa, la creación de contratos temporales sin derecho a indemnización y la posibilidad de las empresas de descolgarse del convenio colectivo, que solía ser donde las medidas de conciliación y de aminoración de las desigualdades de género tenían acomodo.
Y si nos referimos al caso de Asturias, el Gobierno de Foro anunció en los inicios de legislatura dos planes estrella para la mujer: «Asturias concilia» y «Dirige ella». Pasado el tiempo, no hemos visto ni una sola medida que indique la existencia de tales planes o la voluntad de ponerlos en marcha.
En suma, corren malos tiempos para la mayoría, pero como dice un viejo lema de la izquierda: «Atrás ni para coger impulso». Por tanto, quejémonos lo justo y rebelémonos con rotundidad. Si también pensáis que no merecemos retroceder en los derechos que hemos logrado, hagámoslo saber manifestándonos este 8 de marzo en Gijón.
