La decisión del Gobierno central de no inscribir a su nombre la iglesia de San Antolín de Bedón amenaza con desatar un conflicto institucional. El Principado ha afeado al Estado su decisión, al considerar que deja al monumento llanisco "en el limbo y en una "situación totalmente absurda". Todo ello ha provocado "estupor" y "malestar" en el Ejecutivo asturiano, según reconoció ayer el director general del Patrimonio Cultural del Principado, Adolfo Rodríguez Asensio. Los dirigentes regionales sienten que las autoridades del Gobierno central les han "tomado el pelo" y los han dejado "en mal lugar" frente a los vecinos que luchan desde hace años por salvar el monumento, en estado de absoluto abandono.
Rodríguez Asensio subrayó que no quiere hablar de "manos negras", pero "apetece pensar que las hay", porque, a su juicio, es "inexplicable" que el Estado no haya inscrito la iglesia de San Antolín a su nombre, a la vista de las "contundentes" pruebas documentales existentes. Más aún si se considera que la decisión se basó "en un informe de la Abogacía del Estado elaborado hace siete años", destacó Rodríguez Asensio. Un informe que, según el director general, no tiene en cuenta los últimos hallazgos en torno a la titularidad de la iglesia, que parecen demostrar que la propiedad siempre ha correspondido al Estado, desde 1823.
El responsable de Patrimonio Cultural negó que el Estado hubiera informado al Principado sobre el archivo del expediente sobre la propiedad de la iglesia, en contra de lo que aseguró el Ministerio de Hacienda a este periódico. "No sabíamos nada, nos enteramos por LA NUEVA ESPAÑA", hace diez horas", indicó Rodríguez Asensio a media tarde de ayer. Admitió que los responsables de la Consejería de Cultura no saben qué harán a partir de ahora. "Es un asunto complejo, y aunque quisiéramos no podríamos inscribir la iglesia a nombre de la comunidad autónoma. Porque si el Estado siempre fue su propietario, debería inscribirlo a su nombre, y si se desconoce su titular o no lo tiene es un bien mostrenco, por lo que el Estado también tiene la obligación y la capacidad de inscribirlo a su nombre", señaló.
Rodríguez Asensio se puso ayer en contacto telefónico con el director del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Alfonso Muñoz, quien le confirmó el archivo del expediente a causa del viejo informe de la Abogacía del Estado.
La decisión de las autoridades del Gobierno de Mariano Rajoy han dejado en mal lugar a las autoridades regionales y al propio Rodríguez Asensio, que el pasado mes de mayo trasladó a los vecinos de Naves de Llanes que luchan por la conservación de la iglesia de Bedón que el Estado la inscribiría a su nombre y que incluso había ya un compromiso para rehabilitar el edificio por parte del Ministerio de Cultura. "Nunca engañé a los vecinos. Les trasladé lo que me habían dicho en los ministerios de Hacienda y Cultura, y también que tras la mejora del edificio tenían intención de cederlo a la comunidad autónoma. Tanto así que hace unos meses visitaron San Antolín de Bedón dos arquitectos, uno madrileño y otro asturiano, encargados por las dos administraciones para valorar el coste de la futura rehabilitación.
Rodríguez Asensio aseguró que lo ocurrido le huele "a chamusquina", porque hace cinco meses desde Madrid le trasladaron que el expediente estaba "cerrado" y que el bien se inscribiría a nombre del Estado. El director general aseguró que seguirá instando a los técnicos de su departamento a que continúen trabajando en relación con San Antolín de Bedón. A la vez, pedirá más información a Hacienda. Rodríguez Asensio reconoció que esta situación deja a las autoridades asturianas "muy incómodas".
