El interventor municipal, José Luis González, evitó ayer comparecer en la sesión de la comisión de investigación del caso Aquagest, en la que estaba llamado a declarar, amparándose en el derecho recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española a no declarar contra sí mismo. Ana Taboada, presidenta de esta comisión que investiga la supuesta trama del agua, que también es objeto de un proceso judicial en Lugo, pidió, no obstante, un informe al Secretario Municipal para que informe sobre la obligación a comparecer, que no a declarar, por parte de los funcionarios de la administración local.
La comisión también acordó por unanimidad de todos los grupos políticos municipales, "habida cuenta de la negativa y de que es una persona de especial relevancia para investigación", solicitar al Juzgado de Lugo la grabación o la transcripción de las declaraciones realizadas allí por el interventor municipal.
El interventor envió un escrito que la comisión conoció ayer por la mañana en el que destacaba que ya había sido citado por el Juzgado de instrucción número uno de Lugo "como investigado por los mismos hechos", sin que hasta el momento se haya dictado ninguna resolución sobre su situación. "Por ello", indica en su escrito, "tras consultar con los abogados, he decidido no declarar".
El resto de llamados a declarar ayer en la Comisión del caso Aquagest, hasta seis personas, o bien no pudieron ser notificados o, en la mayoría de los casos, no dieron ninguna respuesta y tampoco se presentaron a declarar.
De esta forma, y junto con el acuerdo para pedir al Juzgado de Lugo las declaraciones del interventor, "para poder evaluar y hacer conclusiones", y para que el Secretario emita un informe sobre la obligación de comparecencia para los funcionarios municipales, la Comisión del caso Aquagest estableció también que las próximas comparecencias serán las de los exalcaldes del PP Agustín Iglesias Caunedo y Gabino de Lorenzo.
Con estas dos declaraciones y la incorporación del material que se ha solicitado la Comisión de investigación del caso Aquagest debería finalizar ya sus trabajos previos y empezar a redactar las conclusiones.
