Los responsables de Funerarias Reunidas, el grupo al que pertenece la empresa que gestiona el cementerio municipal de Oviedo, han decidido retirar del puesto de forma inmediata a los cuatro enterradores que fueron detenidos como acusados de sustraer durante años los efectos personales de valor de los fallecidos que se encontraban en las sepulturas a la hora de exhumar los cuerpos. "Están suspendidos de empleo y les hemos abierto un expediente disciplinario. Les seguimos pagando porque no se pueden tomar decisiones drásticas antes de que un juez dicte una sentencia definitiva, pero nos parece que ahora mismo no pueden seguir trabajando por todo lo que está ocurriendo. No obstante, por el momento tenemos que respetar la presunción de inocencia", explican fuentes de la empresa.

Los trabajadores arrestados llevan muchos años en el cementerio de El Salvador, el que menos desde el año 2004. Todos ellos tienen familia directa y al menos tres son de origen sudamericano, según fuentes conocedoras del caso. La empresa que los contrató es la concesionaria de la gestión del camposanto, Furesa, una filial de Funerarias Reunidas que cuenta con un total de nueve peones de cementerio en su plantilla. La suspensión de empleo de los cuatro enterradores detenidos ha mermado el equipo, por lo que Furesa se ha visto obligada a contratar a trabajadores temporales para suplir a los acusados.

Los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo las investigaciones defienden que los supuestos robos se producían a la hora de exhumar a los cuerpos "para su envió al osario general". Es decir, que supuestamente los acusados sólo robaban entre los restos que no eran reclamados por las familias de los fallecidos al finalizar el periodo de alquiler de la sepultura. El cementerio de El Salvador lleva dando descanso a los ovetenses desde hace más de 150 años, con lo que cada mes se llevan a cabo exhumaciones de personas que fallecieron hace mucho tiempo y que, en algunos casos, no cuentan con una familia que reclame sus restos. Según fuentes consultadas por este diario, esos son los ataúdes con más posibilidades de contener objetos de valor. "Ahora ya nadie se entierra con joyas ni usa dientes de oro, es muy raro. Eso podía ser una práctica más extendida hace muchos años", señalan fuentes del sector funerario.

Según se desprende de la investigación, los cuatro enterradores se habrían apropiado de medallas, alianzas, pulseras u otro tipo de joyas que llevaban sus propietarios a la hora de ser enterrados, pero la mayoría de los efectos que sustraían de los restos cadavéricos eran fundas dentales, casquillos de dentaduras y piezas de oro que después vendían en establecimientos de compra-venta. La Policía sospecha que habrían obtenido al menos 11.000 euros con esas prácticas. Los detenidos están en libertad con cargos.

La escabrosa noticia tampoco pasó desapercibida en el Ayuntamiento, donde Cristina Pontón (IU) hizo de portavoz para expresar la postura municipal. "Ya le hemos enviado una carta a la empresa para enterarnos de lo que ocurrió y pedir explicaciones. Es un tema muy importante para los ovetenses porque estamos hablando de sus fallecidos", dijo.