Un Defensor contra la ley de Evaluación

La presentación el pasado jueves de casi 500 firmas con destino al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, contra la ley de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos, abre el calendario de acciones judiciales de parte del profesorado asturiano contra esta norma aprobada en la Junta General del Principado el pasado 30 de diciembre. Las 500 firmas fueron registradas en la Delegación del Gobierno, en Oviedo, y solicitan al Defensor del Pueblo que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Alegar contra una ley no es fácil ni rápido. Cuando la Junta General, con los votos favorables de los diputados regionales del PSOE e Izquierda Unida, aprobó la ley de Evaluación, tres sindicatos (Suatea, Comisiones Obreras y CSIF) manifestaron su deseo de estudiar posibles recursos. Cada uno de ellos puso a trabajar a sus servicios jurídicos porque hay distintas posibilidades para actuar. La de la petición al Defensor es, por así decirlo, la más directa.

Múgica tiene ahora algo más de un mes para decidir si la ley asturiana de Evaluación se ajusta a todos los preceptos constitucionales. El plazo para presentar un posible recurso finaliza el 30 de marzo, justo tres meses después de la aprobación en la Junta General.

«Hay antecedentes de este tipo de recursos por parte del Defensor del Pueblo», asegura el abogado asturiano Carlos Álvarez Buylla, que fue el encargado de registrar en la Delegación del Gobierno el pliego de firmas. Como ya se ha informado, los servicios jurídicos de los sindicatos opositores creen que la ley conculca el principio constitucional de igualdad al permitir una situación, en parte transitoria, de igual trabajo pero distinto sueldo entre el profesorado de la red pública de Asturias.

Los prolegómenos de la polémica son de sobra conocidos: la puesta en marcha de la carrera profesional docente, la oposición sindical, una sentencia (unánime) de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) echándola abajo; un amplio porcentaje de profesores que se habían adherido a ella, pendientes de una evaluación sin especificar y cobrando un dinero a cuenta (un incentivo por rendimiento), otro grupo de profesores que se negaron a firmar, y un tercer grupo que, quisieran o no, no reunían algunas de las condiciones para el cobro, entre ellas la de los cinco años de experiencia docente.

En este estado de cosas, y ante la posibilidad de que los profesores adheridos a la carrera profesional tuvieran que devolver el dinero cobrado, el Gobierno regional promovió la ley de Evaluación Docente, que resuelve un error -se dice desde el Gobierno regional- o que «tapa una chapuza», como alegaron los sindicatos en su campaña de movilizaciones que chocó de frente contra los votos del Parlamento astur.

Si el Defensor del Pueblo cree ahora que hay indicios de inconstitucionalidad y presenta recurso, se abre un plazo sólo para muy pacientes, no menos de tres años hasta que el Tribunal Constitucional tome postura. Mientras tanto, la ejecución de la ley seguiría su curso.

Junto a los abogados, frente a la Delegación del Gobierno había el jueves representación de los sindicatos Suatea y CSIF. No estaba, sin embargo, Comisiones Obreras, sindicato que parece haber decidido -o tiene en estudio- otra vía de reclamación. En realidad, lo que se presentó hace cuatro días es una petición individual de un docente para que Múgica estudie el asunto, a la que se adhirieron muchos otros profesores. No se trata de una plataforma, sino de una iniciativa judicial a la que se apuntan a título individual los docentes que quieran a través de un folio oficial de solicitud.

El recurso de inconstitucionalidad no es lo mismo que la cuestión de inconstitucionalidad, que la tiene que plantear un juez si se le presentan dudas al aplicar una determinada ley. Su obligación es hacerlo, pero -como explica el abogado Carlos Álvarez Buylla- la única vía para evitarlo es suspender el procedimiento y preguntarle al Tribunal Constitucional si esa ley en cuestión cumple con los requisitos.

La «guerra de la evaluación» sigue en Asturias, aunque ahora haya traspasado fronteras. Queda mucho por decidir y, sobre todo, queda mucho por esperar.