Oviedo, Raquel L. MURIAS

El fiscal de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva, dio ayer un toque de atención a la Administración regional por lo que denominó una falta de «coordinación» entre las distintas consejerías, una circunstancia que, según De la Riva, conlleva que en muchas ocasiones se lleven a cabo actuaciones en zonas donde existen valores arqueológicos sin catalogar, como restos de castros o túmulos funerarios. Lo que pone en serio riesgo su conservación.

Según el fiscal, cuando se denuncian actuaciones sobre estas zonas de valor terminan archivándose porque los particulares «no tienen por qué saber de la existencia de estos elementos a proteger, que sólo conocen los expertos».

De la Riva solicita que los técnicos de la Administración regional lleven a cabo una catalogación de estos bienes y que se dé aviso administrativo, ya que «falta un trámite control de control desde el punto de vista cultural».

El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, que realizo dichas consideraciones en la presentación, ayer, del balance de actividad del pasado año, no dejó pasar la cita para referirse a uno de los casos polémicos del pasado año y que también afectan al patrimonio cultural asturiano: el conocido archivo de las diligencias sobre el hallazgo de un zulo en la Campa Torres de miles de piezas vinculadas a excavaciones arqueológicas en el yacimiento gijonés. De la Riva recordó con su informe que «aunque los hechos denunciados revestían caracteres de un delito contra el patrimonio histórico, las diligencias de la investigación se han tenido que archivar al entender que el delito estaría prescrito», explicó De la Riva.

Se dio cierre, así, a uno de los capítulos más polémicos del patrimonio cultural asturiano y que se ha saldado con una sanción de la Consejería de Cultura al arqueólogo Ángel Villa, que será suspendido tres meses de empleo y sueldo por haber encontrado decenas de cajas con casi 20.000 piezas arqueológicas que estaban metidas en un búnker y que el arqueólogo se topó cuando en marzo del año pasado se llevó a cabo una reordenación de espacios en la Campa Torres.

Los materiales de estas cajas se habían depositado en el búnker durante excavaciones anteriores que habían estado dirigidas por José Luis Maya (ya fallecido) y por el actual director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Francisco Cuesta. Las piezas se encontraron muy deterioradas. Según el fiscal de Medio Ambiente, «el lugar donde se encontraron no revestía las condiciones adecuadas de dichos materiales. Según los informes, esto supuso un deterioro innegable del material, especialmente de la parte de información científica que lo acompañaba, que evidenciaba una falta de control de las personas y organismos implicados en la protección de tan valioso patrimonio». A pesar de que para el fiscal el delito era evidente, las excavaciones dirigidas por Maya y Cuesta se llevaron a cabo hace más de cinco años, con lo que el delito ha prescrito.

Sin embargo, para la Consejería de Cultura fue «una falta muy grave» que Ángel Villa se topase con los materiales y pusiese el hecho en conocimiento del Ayuntamiento de Gijón y del Museo Arqueológico de Asturias, pero no de su jefa de servicio, que se enteró meses más tarde. A pesar de que Villa ha recibido cientos de apoyos de investigadores arqueólogos, profesores e incluso de un ex presidente del Principado, de nada ha servido. Lo que muchos expertos han considerado como «uno de los capítulos más lamentables de la arqueología asturiana» ha prescrito, ya que la última fase de las excavaciones dirigidas por Maya y Cuesta se efectuó entre 1989 y 2000.