Los pensionistas pagarán parte de los fármacos, que serán gratis para los parados sin ingresos

l Los jubilados con pensiones contributivas abonarán un 10% del precio de los fármacos, con un máximo de 8 euros mensuales si ganan menos de 18.000 anuales

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Una pancarta de protesta.
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Oviedo / Madrid, P. Á. / Agencias

Lo sucedido en la jornada de ayer marcará un antes y un después en la trayectoria de la sanidad pública española. Los jubilados con pensiones contributivas pagarán un 10 por ciento del precio de los medicamentos, con un máximo de ocho euros mensuales para las rentas inferiores a 18.000 euros anuales. Aumentará la aportación de los ciudadanos activos, que hasta el momento abonaban el 40 por ciento del importe. Entre tanto, también «por primera vez en la historia de España», los fármacos serán totalmente gratuitos para los parados de larga duración.

Estas medidas, junto a un mayor control del turismo sanitario para acabar con los «abusos», fueron anunciadas por la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos debatieron las medidas que se aplicarán para conseguir un ahorro de 7.000 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud.

Los ciudadanos activos -los que trabajan- con una renta inferior a 18.000 euros seguirán pagando el 40 por ciento del medicamento, como hasta ahora, mientras que los que tengan un sueldo superior a esa cantidad abonarán el 50 por ciento del importe de los fármacos; el porcentaje se elevará hasta el 60 por ciento para aquellos con rentas superiores a los 100.000 euros anuales.

En una comparecencia junto a todos los consejeros de Sanidad -salvo la de Andalucía, María Jesús Montero-, la ministra aseguró que las reformas acordadas, y que se aprobarán mañana, viernes, en el Consejo de Ministros, garantizan un sistema sanitario universal, gratuito y de calidad. Del acuerdo suscrito, que comenzará aplicarse en dos meses, se desprende, además, el que las familias numerosas aportarán, como venía sucediendo, el 40 por ciento del coste de los medicamentos.

Mato aclaró que no va a haber copago por servicios sanitarios, y agregó que el abono de los fármacos en función de la renta no tiene un afán recaudatorio, sino «disuasorio», de «poner en valor el medicamento», porque de lo contrario se hubiera aprobado una tasa por receta, como existe en Cataluña.

«Los ocho euros al mes que pagarán los pensionistas supondrían menos de 20 céntimos diarios en caso de que fueran todos los días a la farmacia», argumentó la Ministra, quien, no obstante, pidió disculpas a este colectivo y destacó que, gracias a esta medida, no habrá copago sanitario.

Según la titular de Sanidad, España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos. «El año pasado se tiraron 3.700 toneladas de ellos, lo que supuso un derroche de 1.200 millones de euros», precisó. Mato informó de que se extenderá la central de compras de fármacos, servicios y tecnologías para lograr los mejores precios, lo que generará un ahorro de 1.500 millones de euros. Además de continuar rebajando los precios de los medicamentos, la Ministra anunció que va a pedir un «esfuerzo» a los laboratorios para que los envases se adecúen a la duración de cada tratamiento.

En el encuentro de ayer, las administraciones central y autonómicas decidieron poner coto a los abusos que cometen los extranjeros que reciben atención sanitaria en España, para lograr que no se pierdan anualmente 1.000 millones de euros por tratamientos que reciben en este país y que luego no pueden ser facturados. Con este fin, se ha corregido una directiva europea incompleta, donde faltaba un párrafo en el que se prohibía de forma explícita desplazarse a España sólo en búsqueda de atención sanitaria. «Hay europeos que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles», aseveró la integrante del Gobierno de Mariano Rajoy.

Mato se refirió a la revisión de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con la que se establecerá que sea «común» en todo el Estado con independencia de la comunidad autónoma en la que residan los ciudadanos. El criterio de «calidad, eficacia y eficiencia» lo impondrá la nueva red de agencias de evaluación de tecnologías y prestaciones, algo que, al igual que el resto de medidas acordadas en el Consejo, se hará efectivo dentro de dos meses.

«La cartera básica», añadió, será equitativa para todos los ciudadanos y seguirá incluyendo los servicios actuales, así como el transporte sanitario urgente. Se determinarán también una cartera común suplementaria y otra accesoria, en las que estarán incluidas aquellas prestaciones de dispensación ambulatoria, las que son imprescindibles para ciertas patologías y el transporte no urgente, que, actualmente, se presta de manera diferente en cada autonomía.

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