Oviedo, V. B. ARDUENGO

«Molestos, preocupados e indignados». Así se declaraban ayer las casi trescientas personas que se manifestaron ante la sede del Gobierno del Principado, en Oviedo, para protestar por el recorte del 72% en las ayudas que reciben para la atención a la discapacidad. Afectados, trabajadores y voluntarios de distintas organizaciones del sector se concentraron, convocados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que aglutina a la mayor parte de las asociaciones del sector.

El recorte es el resultado de la disminución del 43% en las partidas que dependen de Sanidad, el 66% de Bienestar Social y el 100% de las correspondientes a formación y empleo.

Gritando «¡Ni un paso atrás!», «Recortes no» o «Presidente, ¿dónde estás?», los manifestantes se hicieron oír durante más de media hora a la puerta de la sede del Principado, donde la presencia policial fue escasa. Decenas de afectados en sillas de ruedas y una intérprete de lengua de signos, que tradujo la declaración leída en el acto, se colocaron ante las numerosas pancartas que decían: «No recortes mis derechos a la comunicación».

En el manifiesto, leído por Mónica Oviedo, directora del CERMI en Asturias, el sector declaró que no va a permitir el desmantelamiento de más de 30 años de trabajo, ya que cree que las organizaciones en defensa de estas personas ofrecen proyectos que la Administración no dispensa. «Si las ONG no prestan servicios a los discapacitados, nadie lo va a hacer», lamentó Mónica Oviedo.

El CERMI espera que el Gobierno asturiano recapacite, ya que el sector considera una «prioridad» para la Administración la atención a este colectivo, y recuerda que «no pedimos dinero, pedimos derechos». Mónica Oviedo subrayó además que ya vienen sufriendo recortes desde hace años, pero esta vez es «drástico e inasumible».

El comité de las personas con discapacidad representa a un 13% de la población asturiana, unas 140.000 personas, de las cuales más del 50% carecen de recursos y tienen que hacer frente a un sobrecoste del 30% debido a su minusvalía. A todo ello hay que sumar, aseguró Oviedo, la subida de impuestos y el coste de medicamentos, entre otras cosas.

Los presupuestos aún no han sido cerrados, así es que las asociaciones confían en que se cumplan las promesas electorales de que los recortes no serían tan acusados. El presidente de la asociación Predif Asturias, Javier Rubio, confesó a LA NUEVA ESPAÑA que si el ajuste finalmente se lleva a cabo afectará a «todo», así es que tendrán que prescindir de formación, orientación, empleo, transporte adaptado y todo tipo de servicios que se dan a las personas discapacitadas. Añadió también que «dependiendo de la respuesta que obtengamos del Principado, realizaremos más manifestaciones y serán cada vez más intensas».

Mónica Oviedo afirmó que no van a consentir que los sectores más débiles de la sociedad paguen la crisis económica porque los mercados lo exijan, además «los discapacitados no tienen por qué hacer ese esfuerzo». Oviedo recordó a los asistentes que la reforma de la ley de Dependencia tampoco ayuda al sector, que «nunca ha llegado a disfrutar de los mismos servicios que el resto de la población». Por todo ello, pidió ser una «prioridad en las políticas del Gobierno regional, a pesar de que los recortes se lleven a cabo a nivel nacional».