Los partidos políticos de la oposición votarán conjuntamente a favor de la reforma de la ley de Servicios Sociales, pero sólo "porque estamos en una situación de urgencia". El nuevo texto, elaborado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, se aprobará en el Pleno de la Junta General del Principado del próximo día 20 por mayoría absoluta, a pesar de que todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, consideran que es "sólo un parche".

Ayer, varias entidades del tercer sector mantuvieron reuniones con los partidos políticos representados en el Parlamento regional para pedirles que apoyaran esta reforma. "El texto no nos convence ni a nosotros ni a ellos, pero haremos el esfuerzo y esperaremos a la formación del próximo Gobierno aturiano para ver si sale adelante lo que pedimos, que es la reforma integral de la ley", explicó Carlos Aller, portavoz de la plataforma del transporte de la discapacidad.

Los representantes de estos partidos confirman que su "sí" a la reforma del artículo 44 de la norma -el que afecta a la iniciativa social- propuesta por el Gobierno autonómico no da cumplimiento a las reclamaciones que llevan haciendo en la Junta desde hace dos años. "Apoyar el texto es una muestra más del apoyo de nuestro partido al tercer sector, pero son más que reprobables las formas con las que el Gobierno presenta esta reforma. Llevamos dos años pidiéndola y se aprueba diez días antes de la disolución del Parlamento", explicó la diputada de Foro Asturias, Esther Landa. "Vamos a aceptar la lectura única, porque no queremos ser nosotros los que impidamos que se apruebe la norma, pero estamos en contra de que algo tan importante salga adelante sin debate", añadió.

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández, confirmó el voto a favor de su partido para la tramitación rápida de la ley "pese a ser un procedimiento apresurado y susceptible de mejora". Fernández destacó que su grupo cree que este apoyo "es la única solución posible para dar respuesta a un sector que trabaja sin ánimo de lucro y que conoce muy bien las necesidades de los usuarios". Y reprochó a Bienestar que no haya abordado antes este asunto para evitar conflictos como el del transporte de la discapacidad y las viviendas tuteladas, "que ha generado situaciones injustas".

La diputada de Izquierda Unida Noemí Martín afirmó que "aprobaremos la ley, pero con la nariz tapada". Su partido considera que la reforma es insuficiente y mucho más restrictiva que el dictamen que emitió el Consejo Consultivo. "El Consejo permitía ir más allá, pero el Gobierno decidió hacerla así, sin debate y cogiéndola con pinzas. Creo que lo hizo para no contradecir a los responsables jurídicos del Principado. Nosotros les pedimos que se arriesgaran y decidieran sin faltar a la ley, por supuesto, porque eso es gobernar". Martín destacó que cumplirán con la petición que les hizo el tercer sector porque "están con el agua al cuello desde la entrada de las entidades privadas en los servicios sociales; pero no apoyamos la forma ni el fondo".

Una idea que comparte el diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Ignacio Prendes. "La situación actual requería otra ley más comprometida y que abordase una reforma más profunda, pero le daremos nuestro apoyo a la propuesta del Gobierno porque entendemos que es una situación de urgencia y que tenemos que decidir entre lo malo y lo peor; que sería quedarnos como estamos". Prendes, que ayer presentó una queja formal por la entrada de esta ley a la Junta por lectura única, explicó que "el tercer sector necesita este paraguas y nosotros cumpliremos con el compromiso que tenemos con estas entidades, pero la ley es un ejemplo de un mal gobierno".