El despilfarro yace hecho ladrillo

Oviedo, M. J. IGLESIAS

Más de 1.300 millones de euros despilfarrados en infraestructuras que en muchos casos yacen abandonadas. Asturias acoge más de setenta museos, aulas y centros de interpretación pagados con fondos públicos, en estado de abandono o infrautilización, según denuncia la asociación Sendas de Asturias, empeñada desde 2009 en rescatar el patrimonio público sin una utilidad ni finalidad.

La entidad propone dar utilidad a los edificios que se reparten de Oriente a Occidente y, de paso, salvar los restos del gasto descontrolado de los años de bonanza, a través de la creación de una red de centros ocupacionales, de educación ambiental, promoción turística y nuevas iniciativas.

Tras dedicar un año entero a recorrer las infraestructuras, los miembros de la asociación constatan el progresivo abandono en el mantenimiento y la conservación de los inmuebles, además de un bajo o nulo uso de alguno de ellos. «Principalmente, por el escaso atractivo de los espacios en los que se encuentran», según explica Manuel López, presidente de la entidad.

En total se han detectado 163 enclaves en la región, de los que por su relevancia, contenido o modelo de gestión se han descartado 93, entre ellos, el Museo de la Prehistoria o el del Jurásico. Aunque Sendas de Asturias tenía previsto trabajar sobre unas 100 instalaciones que tenían documentadas, al final registraron un total de 163. «Daba la sensación de que nacían por generación espontánea, como las setas. A veces salíamos con la intención de visitar un museo o un centro de interpretación y aparecían dos o tres», comenta Manuel López.

Los 70 restantes son los que se incluyen en la propuesta. Sendas de Asturias recalca que sólo el coste de 45 de ellos asciende a 69 millones de euros. En el «despilfarro» total de 1.300 millones de euros se incluye la financiación de obras que sin ser museos están cerradas o mínimamente usadas, como el túnel del metrotrén de Gijón, El Musel, la regasificadora, el Palacio de Justicia de Gijón, la Azucarera de Pravia o el Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje en Sobrescobio.

A ellos se añaden otros equipamientos cerrados, vacíos o sin finalizar, como piscinas, residencias geriátricas, bibliotecas, centros de discapacidad, polígonos industriales, fincas para grandes proyectos, viveros de empresas, centros polivalentes, hospitales y residencias de estudiantes.

López recalca que la asociación es contraria a las subvenciones y defiende un modelo de gestión basado en buscar acuerdos entre los titulares de los centros y los candidatos a participar en su gestión, con especial relevancia de la participación y repercusión de los beneficios sobre los habitantes de las zonas. Las posibles ayudas provenientes de fondos públicos lo serían, preferentemente, en forma de préstamos sin interés concedidos con criterios técnicos y a través de las oficinas comarcales de Agroganadería, para evitar criterios políticos en su concesión, según matiza López. Además de continuar con su actividad de denuncia y propuesta de alternativas, Sendas de Asturias aspira a configurar una sociedad laboral de economía social, con la finalidad de participar en la gestión de alguna de las infraestructuras, para destinarlas a actividades ocupacionales, de educación ambiental y a la organización y gestión de viajes. López señala que cuentan con los correspondientes proyectos y el personal técnico necesario.

La propuesta ya obra en poder de todos los grupos parlamentarios, de la Presidencia y de consejerías del Principado de Asturias desde el pasado 12 de marzo. Sendas de Asturias aún espera una respuesta. «Mientras aparecen las respuestas, tengamos fuerza y paciencia. Nosotros seguiremos con nuestra labor de denuncia y propuesta de alternativas», indica López.

También se pregunta López dónde se encuentran los estudios de necesidad y de viabilidad de las inversiones, y quién los ha firmado. «Me gustaría saber quién paga todas estas aberraciones, si no sería necesaria una investigación judicial y cómo es posible que el despilfarro de dinero público no constituya delito», añade. La crítica va más allá, y se extiende a los responsables políticos que en su día promovieron las obras. «¿Cómo es posible que los responsables de este desastre se vayan de rositas, incluso con jubilaciones políticas placenteras, o que continúen en el Gobierno y aquí no pase nada?», se pregunta.

Los centros ocupacionales que plantea la asociación serían espacios de atención a las personas con discapacidad intelectual donde puedan desarrollar actividades ocupacionales preparándolos para enfrentarse a la vida cotidiana y al trabajo. Las aulas de educación ambiental irían destinadas a la promoción de la educación y el conocimiento de los valores naturales y el aprovechamiento sostenible de los recursos.

Las destinadas a nuevas iniciativas impulsarían la creación de empleo y ocupación vinculados al aprovechamiento de los recursos, y a las actividades tradicionales, y parte de esos espacios se dedicarían a divulgar e impulsar la apicultura en Asturias. Por último, en los centros de recepción de visitantes y promoción turística se informaría sobre los atractivos de la zona, sus productos y servicios.

López lamenta que la Administración del Principado no disponga de un censo actualizado ni fiable, «ni sobre la cantidad ni acerca del estado y la gestión de los recursos», señala. Para el presidente de Sendas de Asturias resulta inaudito que parte de los fondos públicos asturianos se hayan invertido en estructuras como el Museo de África, en el concejo de El Franco. «Los políticos no han sabido estar a la altura», concluye.