El coste del salario social se multiplicó por diez desde 2006 y llega a 100 millones

El salario social se disparó en poco menos de una década. Cuando se creó esta renta vital mínima, en 2006, el Presupuesto regional cubrió las 4.300 peticiones con diez millones de euros. Nueve años más tarde, el Principado espera alcanzar los cien millones de euros, tiene en nómina a 17.698 beneficiarios y cubre a una población de 39.112 asturianos, ya que en muchos casos es el dinero con el que cuentan familias de varios miembros. Por comparar: los beneficiarios equivalen prácticamente a la población del concejo de Mieres, que tiene censadas 41.000 personas.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, achacó ayer a los efectos de la crisis económica y a los recortes estatales el incremento del número de beneficiarios. "Se notó el aumento sobre todo a partir del año 2011, a causa de la crisis económica, pero también se han notado los recortes del Gobierno. Cada vez que bajan las prestaciones por desempleo repunta el salario social", aseguró la Consejera.

Pilar Varela expuso estos datos tras la celebración de un Consejo de Gobierno en el que se aprobó incrementar en 5 millones de euros el presupuesto ya aprobado para pagar las nóminas correspondientes a octubre y parte de noviembre. Con esta modificación, el coste de esta renta mínima, que gestiona el Principado, alcanzará los 88,3 millones, aunque se calcula que a 31 de diciembre el gasto superará los cien millones de euros.

Varela destacó el esfuerzo que está realizando el Principado de Asturias para mantener esta prestación de último recurso. "Somos la comunidad autónoma que más esfuerzo hace en rentas mínimas de inserción, después del País Vasco y Navarra", señaló la Consejera. Ambas comunidades tienen un régimen especial de financiación. La tasa de cobertura respecto a la población general es del 3,26 por ciento, frente al 1,30 por ciento de la media nacional, según datos facilitados por la Consejería.

Sin lista de espera

La gestión del salario social sufrió durante los últimos años atascos y listas de espera, que llevaron al borde de la desesperación a numerosas familias asturianas. Varela destacó ayer que la contratación de personal de refuerzo para gestionar las solicitudes ha conseguido acabar con las listas de espera, y que la tramitación de nuevas altas está dentro del plazo máximo de tres meses que marca la ley.

Respecto a las revisiones de expedientes por cambios en la situación de los beneficiarios, hay pendientes 5.861, y la Consejera espera que a mediados de 2016 estén al día.