Asturias es de las comunidades autónomas más severas en la aplicación del baremo para valorar a las personas que aspiran a ser reconocidos como dependientes. El Observatorio Estatal para la Dependencia, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, considera que la gestión de la dependencia en el Principado logra raspado el aprobado, con un 4,58 en una escala de cero a diez. La mejor nota la lleva Castilla y León, con un sobresaliente 9,58.
"La diferencia entre valoraciones y personas dictaminadas como dependientes hace que (Asturias) sea el territorio en el que se ha aplicado el baremo con una dureza inusual", destaca el observatorio en su informe correspondiente al periodo entre los meses de julio de 2014 y 2015.
El Principado valoró a 2.105 personas menos en el último año y concedió 1.102 prestaciones menos que el año anterior. El coste global estimado en Asturias para las ayudas a la dependencia asciende a casi 140 millones de euros y, según el colectivo, el quebranto acumulado para las arcas autonómicas por los recortes adoptados por el Gobierno central supone, entre 2012 y 2014, casi 34 millones de euros.
Las principales críticas de los responsables de los servicios sociales en toda España se dirigen a los recortes que ha sufrido la aplicación de la ley, unos 2.000 millones de euros en cuatro años en el conjunto del país. Se trata de una "demolición" de la ley, ya que en toda España unas 400.000 personas con derecho reconocido permanecen en lista de espera: 156.761 más que en julio de 2012.
El nuevo baremo en la aplicación de la ley ha supuesto que haya 64.211 grandes dependientes menos, 16.792 severos menos y 24.200 moderados menos. En cambio ha aumentado un 5 por ciento el número de personas valoradas que no obtiene grado. Este endurecimiento de las condiciones ha sido, sostiene el observatorio, especialmente significativo en Asturias respecto a otras comunidades autónomas.
El último análisis del observatorio resalta que más de 100.000 personas han fallecido desde el año 2012 sin que hubiesen recibido las atenciones por las que habían sido reconocidos, lo que indirectamente implica un descenso en las listas de espera. En España, asegura, hay dependientes de primera, segunda y tercera categoría, en función de la comunidad autónoma de residencia ya que existen diferencias entre territorios tanto en valoración, plazo de acceso a los servicios y los diferentes copagos.
