El gerente del Servicio de Emergencias de Asturias (SEPA), Antonio del Corro, muy cuestionado por una parte del personal del ente, será destituido de su puesto en cumplimiento de un auto del Tribunal Supremo, que rechaza el recurso de casación interpuesto por la Administración asturiana contra una sentencia anterior, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que había anulado su nombramiento.
El Principado cumplirá la sentencia, para lo que tiene un plazo de dos meses, destituyendo a Del Corro, que será sustituido de forma provisional por el vicepresidente del SEPA, el director general de Justicia e Interior, Rafael Abril Manso. El Ejecutivo asturiano ha encargado un informe jurídico para que defina la forma más adecuada de cubrir la plaza.
El auto del Tribunal Supremo rechaza admitir el recurso del Principado contra la anulación del nombramiento porque no existe tal posibilidad, por afectar a un contrato laboral, no a un funcionario. El alto tribunal confirma así la sentencia anterior, dictada el pasado mes de enero por el TSJA, y obliga al Principado al pago de las costas: 1.500 euros.
El nombramiento, que se aprobó en septiembre de 2013 tras la fusión del 112 Asturias y Bomberos de Asturias, fue recurrido porque se hizo sin concurrencia. El Principado defendió que se ajustaba a derecho, por tratarse de un puesto de alta dirección, pero el TSJA rechazó sus argumentos. Según la sentencia de enero, el procedimiento de contratación no se ajustó a los principios de "mérito y capacidad e igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos".
Antonio del Corro fue designado por el consejo de gobierno, a propuesta del consejo rector del SEPA, sin que se abriera un procedimiento previo de libre concurrencia al puesto. El Principado se apoyó en la experiencia de gestión de Del Corro, que llevaba siete años al frente del servicio de Bomberos de Asturias. El Conceyu por Otra Función Pública, una asociación de funcionarios, considera que el auto "deja al descubierto que la decisión de recurrir fue política, sin soporte legal alguno que la avalara, y fue tomada con la única intención de ganar tiempo y evitar el cese inmediato del gerente nombrado de forma ilegal". El colectivo pide explicaciones y emplaza al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, a pagar las costas.
