El Gobierno veta la ley anticorrupción de Podemos por falta de presupuesto

No tiene encaje institucional, desequilibra los gastos presupuestarios en un contexto de prórroga y plantea figuras de dudosa legalidad, como la denuncia anónima. Estos son algunos de los argumentos esgrimidos por el Gobierno asturiano contra la tramitación de la ley anticorrupción planteada por Podemos en la Junta. El Ejecutivo, que se ha pronunciado sobre la iniciativa de la formación morada ejerciendo su derecho a oponerse a la tramitación de leyes que puedan suponer merma o exceso de los gastos presupuestados, cifra en 413.996 euros el coste que tendría la implantación de la unidad anticorrupción, que, según la propuesta de Podemos, dependería de la Junta General. El Principado estima que sería necesaria la creación de cuatro nuevos altos cargos (tres inspectores y un interventor), además de otro personal, hasta una plantilla de nueve personas.

En cuanto a que la nueva unidad anticorrupción dependiera de la Junta, el Gobierno considera que no se sostiene, ya que excede las funciones que tiene encomendadas el Parlamento asturiano e invade otras áreas, como la de la fiscalía o los tribunales. Y añade que la denuncia anónima (que la iniciativa de la formación morada contempla para proteger a funcionarios que quieran facilitar información sobre conductas ilícitas) no está contemplada en el ordenamiento español.

El informe del Gobierno fue ratificado por el letrado de la Junta, y la primera Mesa de la Cámara del año decidió no tramitar la propuesta de Podemos.

Según el portavoz socialista, Fernando Lastra, el informe asumido por la Mesa constata que la iniciativa de Podemos "es jurídicamente muy poco rigurosa y muy deficiente", lo que la hace "insalvable".

"Podemos vuelve a mentir sobre sus pretensiones y mantiene una actitud falsa y tramposa en la que deforma la realidad e intenta hacer ver lo que no es al pretender que, cuando se habla de una cuestión sobre corrupción, cualquier propuesta tiene que ser válida, y no es cierto", afirmó Lastra. Rosa Espiño, diputada de Podemos y secretaria segunda de la Mesa, considera que "en este momento en el que nos encontramos, con procesos abiertos como el 'caso Marea', el 'caso Musel' o el 'caso Villa', es precisamente de lo que no se quiere hablar en Asturias, de anticorrupción. Era lo que realmente venían a tumbar en esta primera Mesa". El Observatorio Anticorrupción, asociación ciudadana vinculada a Podemos, criticó también la postura del Gobierno socialista, asegurando que se adopta "mientras avanzan casos como el de El Musel", que la asociación ciudadana denunció en la Audiencia Nacional.