La firma del pacto de concertación social celebrada ayer entre el Gobierno regional, la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO se convirtió en una crítica a los políticos que son incapaces de negociar y pactar, aunque se interpretó como referencia expresa a Podemos, pese a que en ningún momento se nombró a la formación morada. La negociación para alcanzar un nuevo acuerdo se prolongó durante siete meses, en los que hubo largas reuniones, debates y "muchas" discrepancias muchas de las cuales, según los implicados, aún se mantienen, pero en las que todos cedieron.

La nueva concertación, vigente hasta 2019 y bautizada como Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social (ACSS), recoge políticas y estrategias innovadoras para impulsar la economía asturiana, con una participación activa de los sectores económicos y con medidas de carácter social "para que nadie quede en la cuneta". Pero además, aseguran los firmantes, es ejemplo de que es posible negociar y acordar para avanzar pese a los recortes presupuestarios y la incertidumbre política y económica.

El presidente del Principado, Javier Fernández, indicó que en el actual escenario de incertidumbre, carencia de recursos económicos y pendientes de celebrar nuevas elecciones, "este pacto es un buen ejemplo de lo que se puede llegar a hacer cuando se unen la capacidad y la voluntad real, no fingida, de atender los problemas de la gente, esa gente a la que tanto invoca como se olvida cuando conviene". El jefe del Ejecutivo asturiano fue más allá y afirmó que "cuando la capacidad de pacto es un bien escaso en Asturias y en España, cuando se aplaude más a quien rompe que a quien une, cuando la negociación se sustituye por simulacros y postureos en una frívola farsa, la ciudadanía puede comprobar que en nuestra comunidad continúa habiendo disposición y talento para negociar y acordar en serio".

El compromiso de gasto en el pacto de concertación asciende a 1.742.954 euros durante el periodo de vigencia, con una cuantía fija de 435 millones anuales. De ellos, el 25% será para actividad productiva, el 13,5% para inserción laboral, otro 26% a inversiones y el 35,5% a innovación y sostenibilidad social.

El acuerdo establece cuatro grandes estructuras de trabajo. Uno es el impulso sectorial y mejora de competitividad, donde se da protagonismo a los sectores productivos de la economía regional, su modernización e internacionalización. Otro es la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad, con políticas activas de empleo y apoyo a la economía social. Un tercero es el desarrollo sostenible, que aglutina la ordenación del área central metropolitana. Y el cuarto es la innovación y sostenibilidad social, en el que destacan, entre otros, el salario social, la dependencia, la vivienda, la reducción de las listas de espera en Sanidad, la educación de 0 a 3 años, y la FP dual.