Rosario Alonso: "El marco jurídico del urbanismo español está en crisis, desfasado"

Poco antes del final, Rosario Alonso Ibáñez dejó enunciada la síntesis del problema. "El marco jurídico del urbanismo está en crisis". La catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo abrió con esas ocho palabras, extensamente desarrolladas en la hora larga precedente, el ciclo de nueve conferencias en el que el Colegio de Arquitectos y el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) diseccionarán de aquí a marzo los problemas y las oportunidades que destapa la tentativa del Gobierno regional de ordenar al fin como un todo integrado el área metropolitana central de Asturias.

El discurso de la profesora, exdirectora general de Suelo y Políticas Urbanas de 2008 a 2010 en el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, dedicó su tiempo precisamente a exponer un problema -el planteamiento desenfocado de la legislación urbanística española- y a adosarle una oportunidad, el "campo abierto a la innovación" que los errores de la normativa estatal ponen a disposición del legislador autonómico justo ahora que en el Principado están en proceso de revisión las directrices de ordenación del centro urbano asturiano. Alonso se extendió en el desmenuzado de aquello que echa de menos en la legislación urbanística española, de la estrategia cuya ausencia hace imprescindible, a su juicio, "una reconsideración de las políticas que deben ordenar las ciudades".

A la ley le falta, dijo, la "Regeneración Urbana Integrada" que titulaba su charla de ayer y que pasa por ser un método innovador de abordaje de la renovación urbanística que invita a abrir el plano y a no abordar por partes, sino mediante la adopción de "un enfoque de totalidad", las muchas enfermedades de las ciudades, recientemente agravadas por el cambio climático y la crisis. Se busca un tratamiento que supere la "pura actuación sobre el medio edificado" y pase a contemplar la ciudad "como un todo", como un "sistema" que pide una planificación global, que exige un compromiso de trascender la mera reforma arquitectónica para incluir respuestas integrales a desafíos sociales, económicos, medioambientales o culturales y que además sea capaz de orientar todas las políticas públicas hacia el objetivo del desarrollo urbano sostenible. Porque este mecanismo, destaca, "desborda la política local e incluso a la política de ordenación del territorio".

Alonso no encuentra rastro alguno de todo eso en la legislación vigente en España ni deja de subrayar la "terrible paradoja" de que la metodología de intervención urbanística así planteada haya sido asumida en el ordenamiento jurídico de la UE -desde la "Declaración de Toledo" de 2010- y sin embargo carezca de traslado a un marco legal español profundamente "desfasado". "La legislación apenas hace perceptible que el urbanismo está en una profunda crisis", remata.

Clarificando conceptos mediante el contraste de la situación real con la ideal, a la luz del encuadre de Alonso la ciudad no sería sólo la "ciudad tradicional", sino "todo el territorio transformado por la urbanización"; no dirigiría sólo los esfuerzos al parque edificado, "sino al entero capital urbano que se acumula en las ciudades"; priorizaría el largo plazo y aceptaría la gestión de una "única autoridad" que la profesora enunció como concepto, sin mencionar ni entrar en la controversia desatada a cuenta del procedimiento de gobernanza que el Principado pretende introducir en su proyecto de área metropolitana integrada.

Hasta ahora, a su entender, el resultado de la generalización en España del enfoque tradicional -sólo reconoce ejemplos contrarios demasiado aislados en Cataluña o Castilla y León- es la incapacidad del desarrollo urbano para contener "la segregación social, la difusión de la urbanización o el desparamiento de la urbanización en el territorio" y, en definitiva, el panorama actual de una "imagen urbana desestructurada" que podría encontrar un buen ejemplo en el área central asturiana.

Esta invitación a "repensar las actuaciones urbanísticas" a gran escala incluye una concesión a una legislación asturiana en algún sentido "más avanzada" que la de otras regiones y un espacio para la esperanza sobre la "oportunidad" que asoma en el horizonte.