La jueza Quelle Coto considera que "los hechos denunciados (respecto a José Ángel Fernández Villa y Pedro Castillejo) pudieran ser constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida", según un auto dictado hoy mismo que convierte las diligencias previas abiertas en procedimiento abreviado, un paso que acerca aún más al banquillo al que fuera secretario general del SOMA y a su mano derecha. La juez da un plazo de diez días al fiscal, a la acusación particular y a las defensas para que soliciten la apertura de juicio oral o soliciten las pruebas que consideren oportunas, aunque todo indica que si se le piden, volverá a rechazarlas como ha hecho respecto a los últimos escritos de los investigados.

En el auto, la jueza indica que Villa "ostentaba la máxima capacidad de toma de decisiones y la representación legal del sindicato, asumiendo la dirección y el control de los medios humanos y económicos y efectuando actuaciones encaminadas a desviar fondos del sindicato a su patrimonio personal, así como a destinar capital del sindicato a finalidades distintas de las propias y a sustraer al debido control el uso de los fondos del sindicato a su finalidad legítima".

Pasa a concretar la jueza que Villa cobró entre noviembre de 1989 y enero de 2001 del comité intercentros de Hunosa. "Aprovechando su cindición de beneficiario y pese a ser conocedor de que los mismos pertenecían al sindicato, incorporó a su patrimonio personal la totalidad del dinero percibido (...) haciendo suya de esa manera 243.462,46 euros". La jueza señala que apartir de 2001, el dinero de las dietas del comité pasaron a pagarse al SOMA, y no a SOMA-FITAG-UGT, desde cuya cuenta "hacía suyas diversas cantidades de dinero". Respecto a Pedro castillejo, la jueza considera que se apoderó de 119.434,74 euros.