Se trataba de marcar músculo desde bien temprano y el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, empezó contando que los cuatro presidentes autonómicos que ayer se reunieron en León llevan la voz de 7,5 millones de habitantes. "Más o menos la población de Cataluña", tiró con toda la intención el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, porque a Cataluña y a las comunidades más endeudadas, a Cataluña y a las que se sienten maltratadas por el actual sistema de financiación autonómica, se dirigieron a continuación muchas de las pullas del cuarteto de aliados. El frente autonómico de Asturias con Castilla y León y Galicia llevó ayer la frontera hacia el Este para incorporar a Aragón y hablar también del futuro de las térmicas de carbón y de la minería además de apuntalar su posición conjunta y políticamente transversal sobre la conveniencia de apremiar al Gobierno central para que resuelva ya, este año si es posible, el modelo financiación autonómica y presente su estrategia contra el reto demográfico.
En la versión extendida de la primera reunión de presidentes del Noroeste -la que abrió el fuego en Oviedo en diciembre- dos del PP, Herera, Feijóo, y dos del PSOE, el presidente del Principado, Javier Fernández, y el de Aragón, Javier Lambán, prescindieron ayer de los carnets para firmar sentados a la misma mesa dos documentos que vinculan a estas comunidades autónomas con sus desafíos compartidos. Indirectamente también contra aquellas que no piensan igual, aunque en lo ideológico las presidan sus iguales. Dedicaron los cuatro muchos esfuerzos a hacer ver su demografía envejecida y declinante, y a enseñar el vínculo que esas peculiaridades compartidas tiene con el sistema de reparto de fondos entre autonomías que los cuatro defienden. Les llevó ese planteamiento a oponerse a la quita de la deuda con la que ha coqueteado el Ministerio de Hacienda, y a enfrentarse -de igual a igual en lo que a población se refiere- con Cataluña y con las que más rédito sacarían de esas "reestructuraciones" que ha planteado Cristóbal Montoro. "Ya parece que el Ministro se hacaído del caballo camino de Damasco, que ya no hay quitas", festejó Hererra. "Pero cuando se sugiere que puede haber 'reestructuraciones equitativas y ordenadas' de la deuda, hay que explicarlo. Nosotros decimos que estamos dispuestos a que se calcule el volumen de endeudamiento acumulado por cada comunidad durante estos años de crisis" y se compruebe quiénes han tenido que pedir menos ayuda al Estado "para llegar a fin de mes".
Poniendo su sintonía socioeconómica por encima de las diferencias ideológicas, los cuatro presidentes se esforzaron al unísono en pedir al Gobierno que el nuevo sistema se componga con "más recursos" y que no puede premiar a los incumplidores. "Las cuatro hemos sido autonomías serias y sensatas", dijo Feijóo. "Tenemos la deuda y el déficit por debajo de la media nacional" e "incumplir nunca puede dar los mismos frutos que cumplir. La irresponsabilidad nunca puede tener consecuencias análogas a la responsabilidad. Y nosotros hemos cumplido".
Cargaron todos sonoramente contra las regiones que se sienten infrafinanciadas por el modelo vigente y particularmente contra una que fue determinante en su articulación. "La última reforma del sistema estuvo muy condicionada por los planteamientos de Cataluña", coincidió Javier Fernández con Feijóo evidenciando la permanente insatisfacción catalana. La Generalitat, recuerda, "estuvo muy presente" en todos los acuerdos financieros que en España han sido al menos desde 1993, "y ninguno le sirvió, siempre le acabaron pareciendo insuficientes para sus aspiraciones financieras".
El presidente del Principado se esforzó en volver a apuntalar su versión sobre la distribución de fondos entre autonomías, que "no es un regalo ni un subsidio", dijo, "sino un derecho a participar en un mismo espacio compartido que se llama España", y que transparenta toda una idea de país. Su planteamiento, que vuelve a pedir que el criterio de reparto sea el cálculo del coste efectivo de la prestación de los servicios públicos para que éstos se presten en igualdad de condiciones independientemente del territorio en el que se resida, "es lo más objetivo que hay" además de lo más respetuoso con la Constitución. Para que se viera la sintonía, el cálculo efectivo lo hizo el presidente aragonés. Javier Lambán sabe que "a nosotros, y a las otras tres comunidades seguramente igual, la sanidad nos cuesta un 14 por ciento más que a la media de España".
El documento que firmaron ayer los cuatro presidentes autonómicos apremia al Gobierno a presentar este año su criterio para la nueva financiación autonómica y muestra explícitamente su inquietud por la proximidad de las elecciones autonómicas de 2019 y la posibilidad de que "el calendario electoral de los próximos años pueda añadir más incertidumbre a unos acuerdos ya de por sí complejos de alcanzar". El acuerdo suscrito ayer incluye además la demanda de una estrategia contra la "brecha digital", de especial incidencia en la Asturias rural: piden cobertura de más de 30 megas para toda la población en 2020.
